Los vecinos llamados a desalojar sus casas en Caspe han salido ya del edificio en riesgo de derrumbe, y pasarán su primera noche fuera de sus hogares. El Ayuntamiento de la localidad zaragozana había ordenado la evacuación del inmueble de forma preventiva, pero la mayoría de los 60 residentes se negaron el jueves a marchar y ha sido este viernes cuando han empezado a sacar sus enseres. Finalmente, el Consistorio les ha facilitado como alternativa habitacional el convento y la hospedería y, además, les dará bonos para que puedan alimentarse mientras se encuentre una solución definitiva.
Solo una familia de estos 60 vecinos, 23 de ellos menores y personas de cinco nacionalidades distintas, ha dormido este jueves fuera de su domicilio. Todos ellos viven de alquiler. Durante toda la mañana del viernes, técnicos de Urbanismo, Bomberos y la Guardia Civil han entrado en el edificio para evaluar la situación de las 19 viviendas que lo componen.
Finalmente, el Ayuntamiento les va a facilitar como espacio para que puedan alojarse el convento y la hospedería de la localidad. Una decisión que llega después de se estuviera pendiente de una orden judicial para que saliera del edificio, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha informado de que no había ninguna constancia de que esa petición se hubiera trasladado al Tribunal de Instancia de Caspe. "Fue el Ayuntamiento de Caspe el que ordenó el desalojo del edificio y, por tanto, se trata de un desalojo administrativo", han insistido desde el órgano judicial, subrayando que no se había abierto "ningún procedimiento judicial".
Uno de los vecinos ha relatado a Aragón TV cómo está viviendo esta situación: "Sufriendo, con una preocupación muy grande para nosotros. Arriba todo está bien pero como yo no veo debajo, dicen que hay riesgo porque sale el agua".
Los bomberos están estudiando el comportamiento de la estructura con telémetros fuera y dentro del edificio. "Son unas mediciones muy precisas y muy milimétricas para ver si hay movimiento en las grietas, si van a más o no. De momento, no está dando apenas resultados de movimiento", ha explicado el oficial del parque de Bomberos de Caspe, Gabriel Luena.
El informe de los técnicos municipales señala humedades y grietas de hasta 25 centímetros en el edificio. El problema estaría en la planta baja y en la cimentación, que con la lluvia de estos días ha provocado que aumente el riesgo de derrumbe.
Este jueves se negaron a desalojar el edificio
La alcaldesa de Caspe ha explicado que los vecinos anoche "prefirieron no desalojar y para ello firmaron un acta de responsabilidad". "El peligro es la planta baja donde se ha movido el suelo por los cimientos y el poco mantenimiento que ha tenido el edificio", ha advertido Ana María Jarque, quien ha incidido en que "las lluvias y el mal tiempo no han beneficiado" en los últimos meses.
La alarma saltó el pasado martes, tras ver la Policía Local, en una de sus rondas de patrulla, una grieta en el edificio. Esto permitió que, un día después, los "técnicos de Urbanismo pudieran certificar el estado de ruina del inmueble".
Debido a la orden de desalojo preventivo, el Ejecutivo autonómico ha activado el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón (Platear) en fase de alerta. El operativo, coordinado por el Gobierno de Aragón, cuenta con los siguientes cuerpos movilizados: Policía Local de Caspe, Guardia Civil, agrupación de voluntarios de protección civil de la Comarca Bajo Aragón Caspe y Cruz Roja, que están llevando a cabo el desalojo y la atención a las personas afectadas.
"Es una situación compleja. Hemos querido estar acompañando al Ayuntamiento y a la comarca, porque no son momentos fáciles. No hay nada peor que enterarte de la noche a la mañana de que tienes que abandonar tu casa", ha destacado la consejera de Bienestar Social y Familia del Ejecutivo autonómico en funciones, Carmen Susín, durante su visita a la localidad zaragozana.
"Hemos echado una mano desde el Gobierno de Aragón para que las familias vayan poco a poco abandonando las viviendas. Se les va a recepcionar por parte de los Servicios Sociales y reubicar en nuevos espacios esta misma tarde y se ha coordinado también con el Ejecutivo autonómico para que los niños puedan comer en sus colegios, algo que ya han hecho hoy", ha añadido Susín.
Por otro lado, la consejera ha afirmado: "Hemos echado de menos el apoyo de la Delegación del Gobierno cuando estamos hablando de personas inmigrantes, algunos de ellos en situación irregular".
Un segundo estudio encargado
Los servicios municipales han pedido al Colegio de Arquitectos que elaboren un segundo informe más completo sobre el estado de la vivienda. Así lo ha confirmado Pilar Abad, presidenta de la Agrupación de Peritos y Forenses. "Se han diagnosticado las patologías visibles del edificio, pero es una construcción de 1961 y se quiere conocer cómo están por dentro los materiales", ha señalado esta experta.
Abad ha reconocido que no existe una legislación que obligue a la "revisión periódica de edificios en poblaciones menores a 20.000 habitantes". En el caso de la de Caspe, se sabe que la construcción "no está sobre un terreno estable" y que la acumulación de lluvias puede empeorar la situación con el movimiento de tierras