El Ayuntamiento de Zaragoza ha solicitado una reunión con la Delegación del Gobierno para analizar y valorar la situación que deja en la ciudad la política migratoria del Ejecutivo central, con especial referencia al programa de atención humanitaria para personas llegadas a las costas y al de protección internacional.
"Es tal el descontrol del Gobierno del PSOE que hay algunas entidades que después de tres meses dejan a su suerte a las personas a las que deberían no solo acoger y proteger, sino marcar un itinerario para que tuvieran un futuro en España que no sea el de malvivir en la calle", ha afirmado Marian Orós, consejera municipal de Políticas Sociales. Desde el Consistorio piden tener acceso a información detallada y recursos económicos para acometer estas ayudas.
Las alarmas saltaron en los servicios sociales zaragozanos a finales de la semana pasada cuando medio centenar de hombres procedentes de Mali se presentaron en la Casa de las Culturas para pedir ayuda. A unos se les habían acabado los tres meses de estancia y a otros se les había comunicado que en breve iban a abandonar el hotel. "Vienen a por ayuda, porque estaban con una mano delante y otra detrás”, ha dicho Orós. Esta situación es la que le ha llevado a enviar una carta al delegado del Gobierno de España en Aragón para pedir explicaciones y tratar de evitar que situaciones como estas "puedan cronificarse" y, en consecuencia, hacer que los "inmigrantes sin recursos malvivan en la calles o estén sujetos a las mafias o a la economía sumergida".
El Ayuntamiento asegura que casi 1.500 personas migrantes se encuentran en la ciudad bajo el paraguas de los programas de atención humanitaria y protección internacional. "No lo sé por el Ministerio ni sabemos si están en algún itinerario o simplemente están viendo pasar los días hasta que sean abandonados a su suerte", ha lamentado la concejala.
Distintas circunstancias
Desde la Delegación de Gobierno en Aragón han señalado que "nadie ha echado a los malienses de ningún sitio", a la vez que recuerdan que "estos acogimientos se rigen por un programa que hay que cumplir escrupulosamente". Las circunstancias del colectivo difieren unas de otras. "Algunos tienen trabajo por el que cobran un sueldo que les permite hacer vida de manera autónoma, y otros iban a ser trasladados a otro centro en Burbáguena para iniciar el programa, después de la acogida inicial, y han manifestado su negativa al mismo", indican desde esta institución. Reconocen que, sin embargo, "es necesario liberar recursos para que puedan ser usados para otros migrantes" y que los afectados "fueron preavisados con tiempo suficiente".