La Policía Nacional ha detenido en Caspe (Zaragoza) a cuatro personas como presuntas responsables de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La red captaba a trabajadores en Rumanía prometiendo unas condiciones laborales en una explotación agrícola que no se cumplían.
La investigación comenzó a raíz de una solicitud de ayuda de dos de las víctimas a sus familiares en su país de origen. Estos denunciaron a la Policía de Rumanía, que solicitaron colaboración a través de la Agregaduría de Interior de España. Los agentes de la Policía Nacional localizaron y liberaron así a las dos personas que estaban siendo retenidas contra su voluntad en una finca agrícola.
Días después, un dispositivo policial se estableció en la zona al disponer de indicios de que podría haber más víctimas de explotación laboral. Fue entonces cuando detuvieron a los cuatro miembros de la organización criminal e identificaron a 91 trabajadores de nacionalidad rumana que se alojaban en contenedores prefabricados con capacidad para 10 personas y en condiciones precarias.
Trabajaban 60 horas semanales hacinados en casetas prefabricadas
Según las autoridades, la mayoría de los trabajadores contactó con la organización a través de anuncios publicados en internet. Firmaron un precontrato del que solo pudieron ver la primera página, mientras que el resto de las condiciones, como los salarios, se les fueron comunicadas verbalmente.
Una vez aceptada la oferta, los trabajadores eran trasladados en autobús desde diferentes puntos de Rumanía hasta España, donde comprobaron que las condiciones eran diferentes a las acordadas. Para empezar, al llegar a Caspe les obligaron a trabajar dos días sin percibir salario para abonar el coste del viaje.
Asimismo, varios trabajadores revelaron que les habían prometido 9,50 euros por hora de trabajo y que no llegaron a ver ese dinero. Las jornadas laborales eran de 10 horas diarias de lunes a sábado y, aunque se les había informado de que el alojamiento sería gratuito, una vez en las casetas prefabricadas se les comunicó que deberían abonar dos euros diarios por servicios básicos como cocina, agua potable y agua caliente.