Embargan los bienes de la clínica dental clausurada en Zaragoza por impagos
En Zaragoza puede haber varios centenares afectados que efectuaron pagos por adelantado y no han recibido el servicio contratado
La autoridad judicial ha ejecutado este lunes el embargo solicitado por la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) contra la clínica dental Oral Studio en Zaragoza. La clausura de este centro, ordenada por presuntos incumplimientos administrativos y de salud pública, ha dejado a cientos de clientes afectados, con tratamientos de implantología sin terminar y pagados por adelantado.
Según han informado a fuentes del Gobierno de Aragón, el desprecintado de las instalaciones de la referida clínica dental en Zaragoza ha sido llevado a cabo por un inspector de Salud Pública de la comunidad autónoma y agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, responsables a su vez de su clausura el pasado día 6.
Ante el incumplimiento previo de las diversas órdenes administrativas de cierre que le fueron enviadas desde el Gobierno aragonés, las autoridades autonómicas solicitaron la intervención del Seprona, competente en materia de salud pública, para que procediera a clausurar la instalación.
Según las fuentes citadas, Oral Studio, con otras sedes en Barcelona, Hospitalet, Alicante, Gerona y otros puntos del país, carecía de los permisos necesarios para la actividad que realizaban y no acataba las distintas disposiciones que se le transmitían.
Consejos del Gobierno de Aragón y el Colegio de Odontólogos para los afectados
Se calcula que hay varios centenares afectados en Zaragoza. El Gobierno de Aragón y el Colegio de Odontólogos de Aragón han recomendado a los clientes con tratamientos pagados por adelantado y no finalizados, o con servicios contratados y no prestados, que deben reunir toda la documentación disponible, como contratos, presupuestos, facturas, justificantes de pago, publicidad e historial clínico.
Si el pago se hizo mediante crédito bancario, se aconseja reclamar primero al centro y, si no hay respuesta satisfactoria en un mes, dirigirse a la entidad financiera para solicitar la paralización de los pagos pendientes, así como la devolución de la parte correspondiente a servicios no prestados.
En el caso de que el pago se hubiera realizado con tarjeta, se aconseja contactar con la entidad bancaria para valorar la anulación de cargos, que, en caso de no prosperar, abrirá la opción de la vía judicial.