La UE pone límites a la IA: las nuevas obligaciones que entran en vigor este domingo
Las normas de transparencia obligan a identificar los deepfakes y a advertir a los usuarios de que están interactuando con sistemas inteligentes
La Unión Europea pone en marcha este domingo una nueva fase de aplicación de la Ley de Inteligencia Artificial, con la entrada en vigor de las primeras obligaciones de transparencia para empresas y desarrolladores de sistemas de IA.
Entre las principales novedades, que se enmarcan en el artículo 50, los contenidos creados o manipulados mediante inteligencia artificial, como imágenes, vídeos, audios, textos o los conocidos como 'deepfakes', deberán estar claramente identificados. Además, los chatbots y asistentes virtuales tendrán que informar a los usuarios de que están interactuando con un sistema artificial y no con una persona.
La Oficina Europea de IA asumirá también nuevas funciones de supervisión sobre los modelos de IA de propósito general, con capacidad para solicitar información a las empresas, evaluar sus sistemas y exigir medidas correctoras en caso de incumplimiento, en coordinación con las autoridades nacionales.
La implantación del reglamento será progresiva. Las próximas fases llegarán en diciembre de 2026, con nuevas prohibiciones para determinados usos de la IA, y continuarán hasta 2028 con la aplicación de las normas para los sistemas considerados de alto riesgo, como los utilizados en sanidad, educación, empleo o dispositivos médicos.
La AI Act es la primera regulación integral sobre inteligencia artificial aprobada a nivel mundial.
Modificaciones para las empresas: multas de hasta 15 millones de euros
Los proveedores de sistemas de IA deberán garantizar que esos contenidos incorporen un marcado en formato legible por máquina que permita detectar que han sido generados o manipulados mediante IA.
Asimismo, quienes desplieguen sistemas de IA que generen o manipulen texto destinado a informar al público sobre asuntos de interés público deberán revelar que dicho contenido ha sido generado o manipulado por IA.
El Reglamento exime de esta obligación cuando exista un proceso de revisión humana o control editorial y una persona física o jurídica asuma la responsabilidad editorial de la publicación.
Su incumplimiento podrá ser sancionado con infracciones que pueden alcanzar hasta 15 millones de euros o el 3% de la facturación anual total del ejercicio anterior, aplicándose la cifra que sea más elevada.