Visto para sentencia el juicio a David Sánchez por su contrato en la Diputación de Badajoz

El juicio por la contratación a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha quedado este martes visto para sentencia tras concluir la lectura de los informes definitivos de las defensas que piden de forma unánime la absolución para los 11 acusados.

En el derecho a la última palabra, que David Sánchez ha declinado ejercerla(se abre en una nueva ventana), el expresidente de la Diputación pacense Miguel Ángel Gallardo ha afirmado que "la única culpabilidad" de los once acusados es "no tener las mismas ideas (políticas) que las acusaciones populares", entre las que figuran las de PP, Vox y HazteOir.

A juicio de Gallardo, para quien se piden hasta seis años de prisión por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, las acusaciones populares no tenían interés en lo que pasaba en el plenario, pues solo han buscado "el juicio mediático paralelo". "Han ganado el juicio socialmente", ha agregado.

Los acusados critican "el acoso mediático" al que se les ha sometido

También han intervenido en su derecho de última palabra tanto el que fuera diputado provincial de Cultura Francisco Martos como el actual, Ricardo Cabezas; el director de esta misma área, Manuel Candalija, y el funcionario Félix González.

"El calvario que he pasado", en alusión al juicio en sala y al mediático, "no me lo merezco", ha dicho este último, cuyas palabras han sido respaldadas por Candalija al criticar "el acoso mediático" al que se ha visto sometido.

Tanto Martos como Cabezas han defendido la labor de las Diputaciones provinciales a la hora de extender y apoyar la cultura en los municipios. "Me veo aquí (en el banquillo de los acusados) y no lo acabo de entender", ha manifestado Martos ante la sala.

Previamente, Salvador Morillas, letrado de Luis Carrero, amigo personal de David Sánchez y al que le fue adjudicada la plaza de 'jefe de actividades transfronterizas' en la Diputación, ha expuesto en su informe que las únicas pruebas relacionadas con su cliente son exclusivamente para dictar una resolución absolutoria.

Carrero, el único candidato que optó a dicha plaza, la cual ocupó en enero de 2024 (dimitió en junio de 2025), es uno de los once acusados en este juicio y para el que las acusaciones populares piden hasta un año y seis meses de cárcel y nueve años de inhabilitación.

Ante la falta de pruebas de cargo, Morillas ha afeado a las acusaciones populares por su "actuación temeraria" de "tipo político mediático".