Precios atractivos y buena atención al cliente: así captaba a sus víctimas una web falsa de tecnología

La Guardia Civil ha identificado a tres personas como presuntos autores de los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, pertenencia a grupo criminal y usurpación de estado civil. El perjuicio económico total asciende a más de 2.000 euros y afecta a 14 personas que realizaron compras en una página web fraudulenta.

La investigación se inició en julio de 2024, en el marco de la operación 'BRIOSO', cuando un ciudadano presentó una denuncia en las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil de Bizkaia tras haber sido víctima de una estafa al intentar comprar un teléfono móvil valorado en 155,99 euros.

El denunciante explicó que, tras realizar el pago mediante transferencia bancaria, recibió varias comunicaciones en las que se le solicitaba repetir la operación en diferentes cuentas, sin llegar nunca a recibir el producto adquirido ni respuesta alguna por parte de la supuesta empresa vendedora.

Una vez comprobada la desaparición de la página web, los agentes iniciaron un exhaustivo análisis de las cuentas bancarias y líneas telefónicas utilizadas, detectando la implicación de varias personas y la existencia de numerosas víctimas en todo el territorio nacional, una de ellas en Zaragoza.

El modus operandi consistía en crear una página que simulaba ser un comercio legítimo de venta de electrodomésticos y telefonía, ofreciendo precios atractivos y atención al cliente. Con esa apariencia de legalidad, las víctimas realizaban las transferencias, cuyos importes eran inmediatamente desviados y bloqueados mediante movimientos sucesivos entre cuentas controladas por los miembros del grupo.

Para eludir la acción policial, los autores suplantaban la identidad de al menos tres personas ajenas a los hechos, cuyos datos eran utilizados para contratar líneas telefónicas y abrir cuentas bancarias empleadas en las estafas.

Las gestiones permitieron identificar tres cuentas bancarias empleadas para recibir los pagos de los perjudicados, por un importe superior a 2.000 euros, además de otros ingresos vinculados a hechos similares investigados por otros cuerpos policiales.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción nº 2 de Barakaldo, órgano que dirige el procedimiento judicial.