El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros la nueva convocatoria de 200 millones, la misma partida que ya existía, para reeditar el Bono Alquiler Joven, de manera que puedan ser ejecutados por las comunidades autónomas, a las que pide celeridad en su tramitación. Según fuentes de la Delegación del Gobierno, Aragón recibirá 7,6 millones de euros de esta partida para ayudas al acceso a la vivienda y la emancipación de los jóvenes. Desde la primera convocatoria en el año 2022, la comunidad autónoma ha recibido 22,8 millones de euros.
Tras la confirmación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha referido a esta medida, y ha asegurado que se está avanzando en el nuevo reglamento para evitar los fraudes en contratos de alojamiento turístico y de temporada.
El reparto de los fondos para la nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven fue uno de los temas centrales de la última conferencia sectorial de Vivienda, en la que participaron todas las comunidades autónomas. Desde Vivienda han reclamado a las comunidades autónomas más celeridad y agilidad en su tramitación y han demandado una aportación complementaria a esta ayuda para los jóvenes.
El Bono Alquiler Joven es una ayuda de 250 euros al mes para los jóvenes de entre 18 y 35 años. Para poder acceder, es necesario contar con ingresos tres veces inferiores al indicador de rentas múltiples y que vivan en un piso alquilado con una renta máxima de 600 euros mensuales, ampliable a 900 en algunos supuestos, o en habitaciones de 300 euros, ampliables a 450.
A diferencia de lo que ocurre con las ayudas de fondos europeos para rehabilitación, si las comunidades autónomas no consiguen dar todas las ayudas del Bono de Alquiler, no se reasignarán los fondos, para que otras que han sido más ágiles se puedan ver beneficiadas.
El Defensor del Pueblo advirtió en su pasado informe anual de 2023 del elevado número de quejas que había recibido en relación al cobro del Bono Alquiler Joven. Según sostenía, las administraciones autonómicas manifestaron que estaban desbordadas ante el elevado número de solicitudes recibidas y no disponían de capacidad suficiente para atender la carga de trabajo.