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España

Libertad con medidas cautelares para Leire Díez, el expresidente de la SEPI y Antxon Alonso

Los tres han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, tras ser detenidos el pasado miércoles en el marco de una operación relacionada con Servinabar, que supuso el registro de la sede de Forestalia en Zaragoza

Leire Díez ha salido por su propio pie de la Audiencia Nacional, igual que Vicente Fernández y Antxon Alonso. | Europa Press
Leire Díez ha salido por su propio pie de la Audiencia Nacional, igual que Vicente Fernández y Antxon Alonso. | Europa Press

El juez de la Audiencia Nacional  Antonio Piña ha acordado este sábado dejar en libertad con medidas cautelares a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández y al empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán, investigados por presuntas irregularidades en contratos públicos. El juez les ha impuesto como medidas cautelares la retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial.

Son las medidas que había solicitado la fiscal de Anticorrupción Elisa Lamelas y, al no haber ninguna otra parte de momento en la causa, el juez no podía acordar prisión para ninguno de ellos, que han salido por su propio pie de la Audencia sobre las 13:42 horas.

Los tres detenidos han llegado en furgón policial a la Audiencia Nacional a las 08:30 horas de este sábado. El magistrado, por su parte, ha comenzado a tomarles declaración a las 10:00 horas.

Díez, Fernández y Alonso fueron arrestados este miércoles(se abre en una nueva ventana) por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de sendas órdenes de detención del juez, que mantiene las pesquisas bajo secreto de sumario. La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y en ella se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

El instructor ordenó registros y requerimientos de información en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid(se abre en una nueva ventana) y otras empresas vinculadas a Sevinabar, la mercantil que --según las pesquisas de la UCO-- está vinculada a Cerdán.  Los agentes también se personaron en la SEPI, Mercasa, Conaudure y Enusa para requerir información.

También se personaron para solicitar documentación en Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica(se abre en una nueva ventana), que precisó que la Guardia Civil acudió a su sede para reclamar dos expedientes administrativos que han sido facilitados a los uniformados "con total colaboración", agregando que "fueron tramitados con todas las garantías y siguiendo los procedimientos habituales establecidos".

Además de ellos tres, en la causa se encuentra investigado el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, según anunció este viernes el PSPV. 

Más imputaciones

La exmilitante del PSOE Leire Díez también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en una causa que dirige el titular del Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, por presuntamente ofrecer favores a cambio de información sobre miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción.

Por su parte, Vicente Fernández fue nombrado por el Gobierno presidente de la SEPI en junio de 2018, cargo del que dimitió en octubre de 2019 por su imputación en el 'caso Aznalcóllar', por el que acabó sentado en el banquillo por el supuesto amaño del concurso internacional para la adjudicación de la mina, pero del que fue absuelto este año. Fernández aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo' sobre la información tributaria de Servinabar.

En cuanto a Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, está siendo también investigado por el Supremo en la pieza del 'caso Koldo' relativa a la presunta trama de amaños de obra pública. Cuando tuvo que declarar el pasado 8 de julio ante el magistrado instructor, Leopoldo Puente, el empresario negó el pago de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, desvinculó a Cerdán de dicha empresa y reconoció que realizó pagos al exasesor ministerial Koldo García por su intermediación como comisionista de proyectos de construcción privados anteriores a 2017.

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