Las víctimas celebran la firma, pero piden "una única vara de medir" y que "llegue a cada superviviente"
Consideran que el hecho de que no se hable de baremos en la comisión mixta, donde se van a poder valorar de nuevo casos que habían pasado por el mecanismo anterior, puede llevar a agravios comparativos
Con el nuevo protocolo de indemnización a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica cuyos casos hayan prescrito, firmado este lunes, se abre un nuevo capítulo de esperanza para las víctimas. La firma ha tenido lugar entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien ha asegurado que el protocolo “responde a lo que las víctimas venían requiriendo".
Las primeras reacciones de parte de estas no se han hecho esperar. La Asociación de Víctimas de Pederastia en Instituciones Religiosas de Navarra (Avipiren) ha considerado que el protocolo "suena bien" y "era algo necesario" pero pide que haya "una única vara de medir para todos los casos", según su portavoz Mikel Eziolaza.
A su parecer, el hecho de que no se hable de baremos en la comisión mixta, donde se van a poder valorar de nuevo los casos de las personas que habían pasado por el mecanismo anterior, Priva, "tiene bastante riesgo de que no sea objetivo y puede haber agravios comparativos". No obstante, espera que "por medio del Defensor del Pueblo haya mayor objetividad" y ha considerado "bastante positivo" que este protocolo haga que el mecanismo "sea más independiente" y participe el Estado.
Otras organizaciones, como Justice Initiative España, ANIR (Asociación Nacional Infancia Robada), AVA (Asociación de víctimas de Navarra) y Lulacris (Asociación contra los abusos sexuales en la infancia) también han expresado su "firme respaldo y satisfacción" ante esta firma. Además, Justice Initiative España valora positivamente que sean las víctimas quienes puedan elegir el mecanismo de reparación, así como el arbitraje del Defensor del Pueblo, que aporta imparcialidad al proceso.
Para la fundación, la creación de una comisión mixta "es un paso decisivo hacia la transparencia y la escucha activa". No obstante, ha advertido de que seguirá de cerca el funcionamiento del sistema para comprobar su efectividad: "No descansaremos hasta asegurar que la reparación llegue a cada superviviente de manera digna y ágil", ha asegurado.
Esta nueva vía de reparación para los casos en los que ya no es posible la vía judicial entrará en funcionamiento el 15 de abril y destaca que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, así como económica, por el daño causado y por los gastos en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas. El protocolo introduce también la figura del Defensor del Pueblo, que revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones.