La Abogacía del Estado pide casi 4 años de prisión para la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal
Solicitan tres años y nueve meses de cárcel y 448.000 euros de multa por delitos fiscales cometidos en 2020 y 2021
La Abogacía del Estado ha solicitado tres años y nueve meses de prisión y una multa de 448.000 euros para Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la causa por un supuesto fraude fiscal investigado por la jueza Inmaculada Iglesias, que afecta a los ejercicios de 2020 y 2021.
Según el escrito de acusación, González Amador está acusado de dos delitos contra la Hacienda Pública en concurso con un delito de falsedad en documento mercantil. Por el fraude correspondiente a 2020, solicita una pena de un año y nueve meses de prisión, inhabilitación especial para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante la condena y una multa equivalente a 155.000 euros. Por el delito relacionado con 2021, pide dos años y un día de prisión, inhabilitación similar y una multa del 150 % de la cuota defraudada.
La causa se basa en un informe de la Agencia Tributaria, que detectó "gastos ficticios" mediante facturas de diversas sociedades que no se correspondían con servicios reales. El objetivo habría sido reducir de forma irregular la tributación del impuesto de sociedades.
El pasado 24 de febrero, González Amador se acogió a su derecho a no declarar ante la magistrada, a la espera de la resolución de un recurso sobre la apertura de una pieza separada. Posteriormente, la Audiencia Provincial de Madrid avaló ampliar la investigación a otros posibles delitos.
La Abogacía del Estado describe en su escrito una operativa fraudulenta basada en la "deducción mendaz de gastos consignados en facturas falsas para minorar la tributación" del impuesto de sociedades. En concreto, detalla 15 facturas registradas por la empresa Maxwell Cremona, propiedad de González Amador, durante 2020 y 2021, que "se repuntan falsas".
El documento también señala que, en 2020, coincidiendo con la pandemia, González Amador realizó labores de intermediación en la compraventa de material sanitario. En 2021, se iniciaron nuevas relaciones comerciales con Quirón Prevención S.L., lo que aumentó notablemente los ingresos de la empresa.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han presentado ya sus escritos de acusación, con peticiones similares. Las acusaciones populares del PSOE y Más Madrid aún no lo han hecho, debido a retrasos en el acceso a la documentación judicial.
Antes de que se abriera el procedimiento, uno de los abogados de González Amador intentó alcanzar un pacto con la Fiscalía que incluía el reconocimiento de dos delitos fiscales a cambio de una rebaja de la pena. La filtración de esa negociación originó una investigación al fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo.
Además, sigue abierta una pieza separada en la que se investiga a González Amador por presunta corrupción en los negocios, en relación con el grupo Quirón.