Gobierno e Iglesia firman el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales
Está destinado a las víctimas sexuales en el ámbito de la iglesia cuyos casos hayan prescrito o agotado la vía judicial. Entrará en vigor el 15 de abril
El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo han firmado este lunes el protocolo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica cuyos casos hayan prescrito. La nueva vía de reparación para los casos en los que ya no es posible la vía judicial entrará en funcionamiento el 15 de abril. Podrán recurrir a este nuevo mecanismo mixto las víctimas que ya han recurrido al sistema de reparación creado por la Iglesia en 2024.
Según el protocolo, la Iglesia se hará cargo de las reparaciones a las víctimas de abusos mientras que el Defensor revisará cada caso y establecerá las cuantías de las indemnizaciones. En el texto no se precisa la cantidad destinada a las indemnizaciones; de hecho, se trata de "una propuesta integral sin cifras y sin horquillas", por lo que no detalla baremos económicos, como ha señalado el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.
Partiendo de este mecanismo, la víctima inicia el proceso ante una unidad de tramitación del Ministerio de Justicia, que trasladará el caso a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, quien realizará una propuesta de resolución y, en su caso, de reparación atendiendo a lo que solicite la víctima. La jerarquía eclesiástica podrá recurrir la resolución, pero la última palabra la tendrá el Defensor del Pueblo.
La reparación podrá ser "simbólica o restaurativa"
El protocolo detalla que la reparación podrá ser simbólica o restaurativa, orientada al reconocimiento institucional y al ofrecimiento de herramientas para el acompañamiento o la petición de disculpas, y también económica por el daño causado y por los gastos registrados en el tratamiento de las posibles secuelas físicas y psicológicas. Estas compensaciones económicas tendrán en cuenta la gravedad de los abusos sufridos, el daño provocado así como otras compensaciones eventualmente percibidas en el marco de otros modelos de reparación impulsados por la Iglesia.
El protocolo señala que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes creará una Unidad de Tramitación que recibirá las solicitudes, ofrecerá orientación para la presentación de las mismas y se ocupará de la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas y el recabado de los informes necesarios. La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, formado por expertos profesionales independientes, se encargará de llevar a cabo una evaluación individualizada de las solicitudes y elaborará la propuesta de valoración de reconocimiento de la condición de víctima y de su reparación.
Se tendrá en cuenta si la víctima ya fue reparada anteriormente por el Plan de reparación Integral a víctimas de abusos (PRIVA) y la Comisión Asesora, que trabaja desde febrero de 2025, cuando fue constituida, atendiendo a las 131 solicitudes recibidas. El Gobierno ha aceptado que las reparaciones económicas estén exentas de tributación, especialmente del impuesto sobre la renta.
La Iglesia ha recordado que este sistema "no está basado en la imposición de una obligación jurídica, sino en el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes". Además ha subrayado que se trata de una vía temporal con una duración de un año, prorrogable un año más.