La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Aragón y otras siete comunidades, además de Ceuta y Melilla, contra la negativa del Ejecutivo central a convocar la Conferencia de Presidentes, lo que marca un nuevo paso en el proceso judicial iniciado por la administración autonómica.
Para el Ejecutvo que encabeza Jorge Azcón, los argumentos del gobierno se fundamentan en el artículo 4 del Reglamento de la Conferencia de Presidentes, publicado en la Orden TER/257/2022, de 29 de marzo, que establece que el presidente del Gobierno de España tiene la obligación de convocar este órgano al menos dos veces al año. Esta convocatoria puede realizarse por iniciativa propia, a petición del comité preparatorio o por solicitud de al menos diez presidentes de comunidades autónomas y ciudades autónomas con Estatuto.
Pese a este mandato legal, recuerdan desde el Gobierno autonómico, Pedro Sánchez, no ha convocado la Conferencia de Presidentes ni en 2023 ni en 2024, ni siquiera ante la solicitud formal presentada por 14 presidentes autonómicos el 24 de noviembre de 2023. Fecha en la que los líderes de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, Murcia, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, firmaron un escrito conjunto pidiendo la celebración del encuentro.
Estos ejecutivos, que llevan meses pidiendo la convocatoria de este órgano multilateral de cooperación, quieren debatir con el Gobierno central sobre asuntos como la inmigración, la financiación autonómica, la falta de médicos o la política del agua.