El PP aplaza en el Senado el debate de la ley que permitiría a 44 presos de ETA salir antes de prisión
La ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso. Los populares asumen el error de no haber estado vigilantes, dicen, en la fase de enmiendas, y piden al gobierno su retirada. El Ejecutivo recuerda que se trata de la adaptación de una norma europea

El pleno del Senado ha acordado este martes, a petición del PP, aplazar el debate del proyecto de ley sobre intercambio de antecedentes penales, que permitirá excarcelar antes de lo previsto a 44 presos de ETA, y que se votará en un pleno extraordinario antes del próximo lunes.
Con 143 votos a favor, 100 en contra y 1 abstención el pleno del Senado ha acordado la exclusión del orden del día de esta ley, que fue aprobada por unanimidad en el Congreso y que llegó a este último trámite sin que ningún grupo presentase enmienda alguna.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha tomado la palabra al inicio del pleno para solicitar el aplazamiento del debate y votación de esta reforma legal que ha superado el trámite parlamentario sin incluir enmiendas en la Cámara Alta, con lo que, aunque la mayoría de los senadores voten en contra, la ley entrará en vigor.
García ha apelado al artículo 71.4 del reglamento y ha solicitado la retirada del proyecto de ley. "En este proyecto se han incorporado dos enmiendas en el trámite del Congreso que suponen otorgar en la práctica unos beneficios penales a terroristas de ETA que están cumpliendo condena por sus crímenes y que nos parecen inasumibles y de una extrema gravedad", ha explicado.
García ha detallado que el PP ha intentado subsanar la situación y ha ofrecido al resto de los grupos una propuesta de modificación para eliminar los artículos 12 y 14 del texto del proyecto.
En un acto en Guadalajara, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido que su grupo en el Congreso de los Diputados cometió un error al no haber advertido que el Gobierno había introducido en la trasposición de una directiva europea una disposición adicional a la ley que permitía adelantar la excarcelación de etarras como los condenados por los asesinatos de Miguel Ángel Blanco o Fernando Múgica.
"Pero hay un abismo moral entre un error en una tramitación parlamentaria y la voluntad deliberada de sacar de la cárcel a los presos condenados por asesinatos de ETA para mantener a Sánchez en el Gobierno", ha denunciado Feijóo, que ha adelantado que si el Ejecutivo no retira la enmienda, el Senado la denegará "por mayoría absoluta", de forma que "el único responsable de este atropello indigno será el presidente del Gobierno, su grupo parlamentario y sus socios".
Pilar Alegría: "El PP sabía lo que estaba votando"
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado que el PP sabía lo que estaba votando al apoyar el proyecto de ley sobre intercambio de antecedentes penales, y ha pedido al PP "que deje de engañar y de mentir". "Aquí no hay ningún tipo de error, aquí no hay ningún tipo de fallo".
Por tanto, Alegría ha exigido al PP que deje de utilizar "de esa manera tan indigna el terrorismo".
Ha detallado que el PP sabía lo que estaba votando tanto en el Congreso como en el Senado porque el texto que se va a aprobar "es literal" al texto que aprobó el Gobierno del Partido Popular del señor Rajoy en Consejo de Ministros del año 2014.
"El PP no puede decir que no sabía lo que estaban votando. Claro que lo saben", ha enfatizado.
Covite responsabiliza a todos los partidos "sin excepción"
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite) ha cargado contra todos los partidos "sin excepción", incluidos PP y Vox, por avalar en el Congreso la reforma legal que permitirá a presos de ETA salir antes de prisión lo que, a su juicio, se traducirá en "impunidad" para los presos de la organización terrorista.
"Todos son responsables", ha sentenciado a la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, quien ha opinado que esta reforma legal supone, en definitiva, un "nuevo éxito de los herederos del brazo político de ETA".
En su opinión, todo se resume en "impunidad, impunidad e impunidad" para los terroristas desde que comenzó este "final de ETA negociado" cuya "primera exigencia fue precisamente vaciar las cárceles".
El ministro de Cultura sobre las obras de Sijena
También en el Senado, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que con su Ministerio el patrimonio cultural "nunca será un arma arrojadiza", en referencia al enfrentamiento judicial entre Aragón y Cataluña por las obras de Sijena, llevadas en 2017, con el Gobierno del PP, del Museo de Lérida al Monasterio oscense, en aplicación del 155.
Urtasun, que ha respondido así a una pregunta del senador de JxCat Francesc Ten sobre "la situación actual de las obras de Sijena expoliadas en 2017 del Museo de Lérida", según la propia formulación de la pregunta, ha informado de que la semana próxima se reunirá la Comisión Sectorial de Cultura para hablar también de cuestiones patrimoniales.
El ministro ha ofrecido voluntad de diálogo de todas las administraciones para que "el patrimonio esté de la mejor manera conservado" y ha informado de que el Ministerio invertirá en una red de equipamientos culturales y de patrimonio del conjunto del Estado.
Además, ha comentado que el monasterio de Sijena no es un bien de titularidad estatal, por lo que la gestión compete a Aragón. En cualquier caso, ha insistido en la voluntad de diálogo y en la idea de que el patrimonio sea una herramienta de cohesión social.
"Yo hubiera gestionado esta cuestión de manera totalmente distinta y este Gobierno hubiera trabajado para que hubiera un marco de colaboración institucional donde se escucharan las voces de los territorios, conservadores y expertos", ha precisado.
Han sido numerosas las sentancias que han dado la razón al Gobierno aragonés sobre la propiedad de los bienes del Monasteria de Sijena. La última en 2021. El Supremo ratificó la decisión de la Audiencia de Huesca que anulaba la venta de los bienes. También desestimó los recursos de Cataluña que tuvo que entregar las piezas que todavía guardaban en su Museo Nacional de Arte. Ahora sigue pendiente la decisión del Supremo sobre las obras murales de la sala Capitular. Los tribunales ya dieron la razón sobre esto desde 2006.