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España

El Gobierno desclasificará por ley los documentos secretos del franquismo y la Transición

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Información Clasificada

El ministro de Presidencia Félix Bolaños este martes en rueda de prensa. / EP
El ministro de Presidencia Félix Bolaños este martes en rueda de prensa. / EP

El Gobierno ha aprobado este martes el Proyecto de Ley de Información Clasificada que sacará a la luz los documentos reservados del franquismo y la Transición, tras establecer el levantamiento del secreto de todos los documentos clasificados hace 45 años o más.

Este Proyecto de Ley sustituye a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, del año 1968, y establece por primera vez la desclasificación automática de información clasificada cuando transcurran determinados plazos. Ahora, comenzará su tramitación parlamentaria.

La resolución identifica cuatro categorías de información clasificada: 'Alto Secreto', 'Secreto', 'Confidencial' y 'Restringido'. Cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o su uso indebido.

El tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años. De esta manera, los documentos reservados anteriores a 1981 serán desclasificados, lo que incluye aquellos relacionados con la dictadura y la Transición, y también aquellos relacionados con el 23-F.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado que con esta ley "superamos una rémora de nuestra legislación,(se abre en una nueva ventana) una ley preconstitucional que proviene de la dictadura".

Multas de hasta 2,5 millones de euros por desvelar información clasificada

La ley introduce sanciones económicas para quien desvele información clasificada, que van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves, a los 2,5 millones de euros en los más graves.

El proyecto también estipula que la información relativa a grandes violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación. 

El texto legislativo contempla la creación de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, que dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

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