El Gobierno de Aragón rechaza el decreto de regularización de migrantes y estudia denunciarlo en los tribunales
Desde el PP creen que el documento alienta a las mafias y es inhumano. Los socios de gobierno, Sumar y Podemos, aplauden la medida pero miran con cautela la burocracia del proceso
El Gobierno de Aragón manifiesta su rechazo frontal al Real Decreto Ley que facilita la regularización de migrantes y de la que se podrían beneficiar 17.000 personas en la Comunidad. En cuanto el texto se publique en el Boletín Oficial del Estado, ha señalado el Ejecutivo autonómico, Aragón planteará todas las posibilidades judiciales y políticas para oponerse a este procedimiento.
También se ha mostrado contrariado por este proceso el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha afirmado que es "inhumano" porque a su juicio, "alienta a las mafias", además de ser una regularización "injusta", "insegura" e "insostenible". Además, ha agregado, que durante el proceso "no hay control suficiente" ni "exigencias suficientes" y, en su opinión, no se sabe ni siquiera a cuántas personas afecta oficialmente.
Para Vox, la regularización supone "una traición al pueblo español que pone en peligro su seguridad, su identidad y el funcionamiento de los servicios públicos".
Preocupa la burocracia del proceso
La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha defendido que "todas las personas que cumplen los requisitos materiales del Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes puedan regularizar su situación", al tiempo que ha hecho un llamamiento a "solventar problemas administrativos" que puedan retrasar el proceso. "Si por cuestiones de la práctica administrativa, nos quedamos sin poder regularizar, eso es un problema", ha avisado.
También Podemos ha mostrado su satisfacción por la aprobación del decreto, pero ha denunciado algunas "concesiones" del Gobierno en las recomendaciones sobre los antecedentes penales que hizo el Consejo de Estado en un informe. Su líder, Ione Belarra, ha asegurado que su partido ha estado negociando con el Gobierno "hasta el último minuto" el texto y ha destacado el impulso de las organizaciones sociales y de su propia formación para que esta iniciativa sea una realidad.
CEOE e Iglesia católica
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha mostrado a favor del proceso de regularización de migrantes y ha recordado la necesidad de incorporar trabajadores, aunque ha lamentado que la medida no haya pasado por el Congreso de los Diputados. "Estamos de acuerdo pero vamos a ver cómo lo orientamos al empleo", ha dicho.
Desde entidades de la Iglesia católica como Cáritas han pedido que la Administración ponga todos medios para que el proceso de regularización aprobado por el Ejecutivo llegue a todas las personas extranjeras potencialmente beneficiarias. Ha sido a través de un comunicado en el que han reconocido que el proceso es una medida "de responsabilidad política, ética y social".