El Consejo de Ministros ha aprobado en segunda vuelta el proyecto de ley que reducirá el número máximo de alumnos por clase y la jornada lectiva del profesorado de Infantil, Primaria y Secundaria, dentro de un calendario de implantación progresiva que podría comenzar a aplicarse el próximo curso, aunque la norma aún debe superar su tramitación parlamentaria.
La iniciativa, impulsada inicialmente por la exministra de Educación Pilar Alegría y retomada posteriormente por la actual titular del Ministerio, Milagros Tolón, establece un máximo de 22 estudiantes por aula en Educación Primaria y 25 en Secundaria, frente a los 25 y 30 actuales.
Además, se reduce la jornada lectiva del profesorado hasta un máximo de 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 horas en Secundaria y Bachillerato. El alumnado con necesidades educativas especiales contará como doble plaza en los centros sostenidos con fondos públicos.
Las nuevas ratios se implantarán de forma gradual: en el curso 2027-2028 en Infantil y Primaria, en 2028-2029 en Secundaria y en 2029-2030 en Bachillerato, hasta su plena aplicación en el curso 2031-2032. Por su parte, la reducción de jornada docente comenzaría a aplicarse en el curso 2026-2027.
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha defendido que la norma “no es una decisión unilateral”, al haber sido consensuada con los sindicatos y aprobada por unanimidad en el Consejo Escolar del Estado. “Dijimos que esta iba a ser la legislatura del profesorado y hoy lo estamos cumpliendo”, ha señalado, destacando que la medida busca mejorar las condiciones laborales y la calidad educativa.
No obstante, el proyecto deberá ahora superar el debate en el Congreso y el Senado, donde los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas. A ello se suma, que el calendario de sesiones plenarias ordinarias finaliza en junio, lo que complica que algunos criterios se apliquen al inicio del curso que viene. Algunas comunidades autónomas han pedido más tiempo para su aplicación y han reclamado una memoria económica que avale su viabilidad, especialmente en lo relativo a la reducción de la jornada docente.