El Gobierno aprueba un último decreto para derivar menores migrantes a las autonomías
La norma fijará la capacidad de acogida de cada comunidad. Por tanto, determinará el número de plazas que debe tener para cumplir el ratio, fijado de 32 menores por cada 100.000 habitantes
El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el último decreto para poner en funcionamiento el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, que están obligadas por ley a asumir la acogida. El Ejecutivo fija asi la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad autónoma, es decir, el número de plazas que debe tener para cumplir el ratio fijado, de 32 menores por cada 100.000 habitantes. A este sistema se oponen diez comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre las que se incluye Aragón, y Castilla-La Mancha. Desde Aragón aseguran que la situación no ha cambiado y denuncian falta de información sobre cómo se llevará a cabo el reparto.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha destacado tras la aprobación del decreto que es un "paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante". "Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria", ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Es el último decreto para aplicar el mecanismo de solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por el que se derivará a unos 3.000 jóvenes desde las zonas más tensionadas, como este archipiélago o Ceuta a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, una modificación que el PP votó en contra.
Esta semana también se aprobará la situación de contingencia migratoria de los territorios cuya ocupación de recursos triplique su capacidad ordinaria de acogida, como sucede en Canarias y Ceuta. Este mecanismo implica que los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.
Según los datos del Gobierno, la mayoría de comunidades acoge menos menores migrantes de los que deberían. Las que presentan más diferencia respecto a lo que les correspondería por población y la acogida son Andalucía, con 1.372 menos de lo que le corresponde, Comunidad Valenciana, 1.216 menos, y Galicia, con 620.
La capacidad ordinaria, junto al dato de cuántos menores acoge ya cada autonomía, es clave para fijar el cómputo de los traslados, que se calculará teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad.
En julio, el Gobierno calculaba que los territorios que más jóvenes acogerían serían Andalucía, 677 menores; Madrid, 647, y Comunidad Valenciana, 571. Le seguían en la lista Castilla-La Mancha, con 320 jóvenes; Galicia, con 317; Aragón, con 251; La Rioja, con 205; Castilla y León, con 197; Extremadura, con 159; Cantabria, con 156; Asturias, con 144; Región de Murcia, con 133; Navarra, con 118 e Islas Baleares con 49.
Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque Cataluña anunció su intención de atender como mínimo a 31, el mismo número que en anteriores campañas de acogida.
A este sistema se oponen diez comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre las que se incluye Aragón, y Castilla-La Mancha, que han recurrido ante el Tribunal Constitucional. Además, la Comunidad de Madrid ha acudido al Tribunal Supremo y lo mismo ha anunciado Baleares, que pide suspender cautelarmente el reparto.
En todo caso, mientras que la ley esté vigente, las comunidades deben cumplirla. Si se niegan, los profesionales que acompañarán a cada menor podrán pedir ayuda a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo pondrán en conocimiento de la Fiscalía y entregarán al joven a la entidad de destino.
El Gobierno de Aragón denuncia "la falta de información"
Desde el Gobierno de Aragón han asegurado que la situación no ha cambiado. La vicepresidenta del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero, ha denunciado este martes que no tienen información "de cómo se va a llevar a cabo este reparto", que ya recurrieron al considerarlo "inconstitucional"(se abre en una nueva ventana) por faltar "a los principios de igualdad". Vaquero ha señalado que esta medida responde a "la supervivencia del Gobierno de Sánchez".
Mar Vaquero ha resaltado que "los menores no son todos iguales", que tienen necesidades individuales, como problemas de discapacidad o de conducta, y ha reiterado que no tienen información sobre el estado en el que llegan. También ha incidido en que siguen colaborando con las entidades sociales, que son "necesarias para poder afrontar esta situación", y a las que ha agradecido su labor.
La vicepresidenta ha incidido en que el Gobierno de Aragón cumplirá la ley, pero lo hará "en total desacuerdo con ella", porque demuestra "la incapacidad manifiesta para afrontar una crisis migratoria en la que se están utilizando los menores como paquetes, como fardos que se reparten entre las comunidades autónomas".
Este martes, representantes del Gobierno de Aragón se han reunido con las entidades de protección internacional para intentar coordinar la acogida. Las organizaciones están expectante por conocer las necesidades existentes y piden colaboración institucional.
Aseguran estar dispuestas a poner todos los recursos a su alcance o buscar nuevos. Julia Ortega, responsable de Accem en Aragón, ha explicado en Aragón Radio que intentan adaptarse a cada personas: "A su nivel de formación, a sus habilidades antes de llegar a nuestro territorio. A esas habilidades adquiridas en un viaje que es terrible".
El ejecutivo aragonés asegura que el Gobierno l usa a estos menores como mercancía para mantener los apoyos de partidos independentistas catalanes porque dicen que, según el decreto de distribución, esa comunidad está obligada a acoger menos menores que el resto.