Los periodistas desvinculan al fiscal general del Estado de la filtración del correo del novio de Ayuso

Los periodistas que han comparecido este martes en el Tribunal Supremo desvinculan al fiscal general del Estado de la filtración del correo del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, esta mañana, el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid y la acusación popular han dicho que no era preciso revelar los correos del novio de Ayuso. Este miércoles, el juez tomará declaración, entre otros, al propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

El decano Eugenio Ribón ha subrayado en el Supremo que la nota de prensa que emitió la Fiscalía sobre el pacto que pidió el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue algo "insólito" y ha opinado que no era "preciso" revelar el correo en el que admitía un fraude a Hacienda.

"Nunca habíamos conocido una situación como la que estábamos viviendo que fracturara el derecho de defensa", ha destacado este martes Ribón en su testifical en el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de ese correo, del 2 de febrero de 2024.

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) es una de las seis acusaciones populares del juicio y solicita para García Ortiz una condena de (se abre en una nueva ventana)cuatro años de cárcel,(se abre en una nueva ventana) tres de suspensión de cargo público y 81.000 euros de multa.

En su testifical, Ribón ha hecho hincapié en la "honda preocupación" que se asentó en el Colegio por lo "insólito" y "lo difícil de creer" que resultaba la nota de prensa que emitió la Fiscalía de Madrid el 14 de marzo ante informaciones que atribuían la iniciativa del pacto al fiscal y no al abogado de Alberto González Amador, pareja de Ayuso.

En el turno de la Inspección fiscal, María Antonia Sanz ha dicho que se abrió una investigación, pero quedó suspendida cuando llegó a los tribunales: "No hubo tiempo de hacer nada. Cuando hubiéramos empezado a incoar nuestro expediente, ya se había incoado uno penal".

Por su parte, el fiscal delegado de Protección de Datos, Agustín Hidalgo, ha defendido el borrado de los datos en el teléfono del fiscal general del Estado, pese a que la acusación insiste en que lo hizo para no colaborar con la justicia.

"El deber del responsable es incrementar su nivel de seguridad a la hora de destruir o borrar esos datos", ha comentado Hidalgo, quien ha justificado el uso del correo personal la noche de la filtración para recibir la cadena de correos electrónicos que luego acabaron en los medios, y ha añadido que la nota de prensa "no constituye una violación de seguridad".

En la vista también han comparecido varios periodistas. Uno de ellos, Miguel Ángel Campos, de Cadena SER, ha asegurado al tribunal, como hicieron otros reporteros la semana pasada,(se abre en una nueva ventana) que tuvo acceso al correo horas antes de que llegara al fiscal general. La noche del 13 de marzo él reveló en la Cadena SER que el abogado de González Amador reconocía los delitos de su cliente y ofrecía un pacto a la fiscalía. Información que sacó de un email que le mostró su fuente, la cual ha negado que sea el fiscal general del Estado.

En la misma línea se ha pronunciado en la jornada vespertina del juicio el antiguo subdirector de El País, José Manuel Romero-Salazar: "El País antes de que el fiscal general pudiera tener la información ya estaba ordenando que se publicase que Alberto González Amador había reconocido los delitos". Romero-Salazar ha insistido en que sus fuentes son "siempre fuentes de la fiscalía de la comunidad de Madrid. Quiero que quede esto claro desde el principio". 

Mañana continúan el juicio con la intervención de varios agentes de la UCO y la declaración más esperada: la Álvaro García Ortiz, el fiscal general del Estado.