El Congreso deroga el decreto para prorrogar los alquileres y limitar la subida de los precios

El decreto ley impulsado por el Gobierno central que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y final de 2027 y limitar la subida anual hasta un 2 %, ha sido derogado este martes en el Congreso de los Diputados. La iniciativa fue aprobada por el Consejo de Ministros hace un mes, pero necesitaba el visto bueno de la Cámara Baja, pero no ha contado con los apoyos suficientes. PP, Vox y Junts han votado en contra y el PNV se ha abstenido.

El decreto ha sido defendido por el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy. Este ha reiterado que la decisión política era sencilla, "optar por la protección de tres millones de personas o dejar el alquiler en manos de grandes inmobiliarias, fondos extranjeros y agentes especuladores". "Van a votar si la vivienda es un derecho de la ciudadanía o un activo especulativo para la acumulación financiera”, señalaba. Según los datos que ha aportado, esta prórroga supondría un alivio económico de 2.000 euros al año para un hogar medio y de hasta 600 euros al mes en las grandes ciudades.

El PNV ha mantenido su abstención anunciada, entre otras cuestiones, porque creen que quedaría en suspenso el artículo 10 de la ley de arrendamientos urbanos: "Permite al inquilino solicitar una prórroga extraordinaria de hasta tres años en contratos de vivienda habitual en zonas tensionadas y esta medida quedaría suspendida", ha subrayado Maribel Vaquero, portavoz del partido.

Desde el PP, Daniel Pérez, ha puesto el foco en las políticas de vivienda socialistas como las causantes de los problemas: “El salario de los jóvenes, el coste de la vivienda y el precio del alquiler. Esto es lo que han logrado con las políticas".

En esta misma línea se ha manifestado Carlos Hernández, de Vox: "Es pan para hoy y hambre para mañana, una patada hacia delante. Pura procastinación política".

Junts no ha apoyado el texto. El secretario general de esta formación, Jordi Turull, ha basado su no en que, a su juicio, "castiga y criminaliza" a los propietarios y favorece a los fondos buitre y desde Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, les ha lanzado una pregunta sobre la propiedad de viviendas: “¿Tienen, por ejemplo, alguna empresa a su nombre con pisos en alquiler? Ya no se ríen tanto de mí…", ha aseverado.

Ha habido reproches cruzados incluso entre la fuerzas de izquierda, que han echado en falta la presencia de la ministra de Vivienda. Ignasi Conesa, del PSOE, ha pedido centrar el tema: "Yo creo que no debemos errar el tiro. Las izquierdas no debemos confundirnos de adversario".

Antes del debate y la votación en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado que hay "batallas que se pierden en las Cortes Generales pero están ganadas en la calle" y ha clamado a la ciudadanía para que se organice en la calle si finalmente decaía el decreto.

¿Qué ocurre con los alquileres prorrogados?

La no convalidación del decreto abre un escenario de incertidumbre respecto a la validez de los contratos prorrogados durante la vigencia del decreto que entró en vigor el 21 de marzo y que también limitaba al 2 % las actualizaciones anuales de renta. La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha explicado que los efectos de esta prórroga se trasladaron desde que entró en vigor y hasta este martes a todos los contratos vigentes hasta diciembre de 2027, por lo que quienes han comunicado a sus caseros la intención de acogerse a la prórroga de condiciones, tienen derecho a la misma.

Asimismo, la Asociación de Consumidores Facua ha recalcado que todas aquellas prórrogas que hayan sido solicitadas durante el periodo que ha estado en vigor serán de obligado cumplimiento. El catedrático de Derecho Administrativo, Julio González, coincide con ambas asociaciones al recordar que, aunque el decreto fuera una norma provisional, es una norma completa y perfecta desde el mismo momento en que se produce su entrada en vigor. De este modo, "si se ejercita el derecho de petición de cualquiera de las prórrogas, el derecho queda blindado".

De hecho, que la no convalidación produce efectos hacia el futuro, pero no deshace automáticamente lo ya ocurrido es "una conclusión clara" para el responsable jurídico de Alquiler Seguro, Carlos Sánchez. "Si un inquilino solicita la prórroga extraordinaria anual (que no de dos años, que es el máximo que recoge la norma, pero no la posibilidad de solicitarlo en un todo), comunicada por burofax, mientras el decreto estaba vigente, ese derecho queda consolidado. La derogación posterior no tiene efectos retroactivos sobre los contratos ya prorrogados bajo el amparo de la norma ya derogada", ha añadido Sánchez.

Dudas sobre la limitación del 2 % de subida

Respecto a si es válido el ejercicio de la prórroga obligatoria que limita la subida al 2 % del alquiler mientras el real decreto ley estuviese en vigor, desde el despacho Ayuela Jiménez aseguran que la prórroga sí es válida, pero sin embargo tienen dudas de si lo es la limitación de la subida del 2 %. En primer lugar, porque el Código Civil exige que cualquier derecho se ejercite conforme a las normas de la buena fe y, en este caso, se trata de arrendatarios que se han acogido a una prórroga aprovechándose de una norma que previsiblemente iba a estar en vigor durante un corto periodo de tiempo si no se convalidaba.

Por lo tanto, los propietarios podrían acudir a los tribunales para que confirmen si el ejercicio de la prórroga obligatoria es conforme a la buena fe o no. Desde el despacho han apuntado a que se prevé que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre si los efectos de esta norma se mantienen o se revocan, algo que consideran que genera una notable inseguridad jurídica tanto para los propietarios como para los arrendatarios.

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha pedido al Gobierno que aclare, con urgencia y por escrito oficialmente, los efectos jurídicos que tendrá.