La Audiencia Nacional (AN) ha condenado a siete años y cuatro meses de cárcel a seis hijos del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes por la estafa en la captación de fondos para el Grupo Nueva Rumasa entre los años 2009 y 2011.
En una sentencia de 672 páginas, la Sala de lo Penal condena también a seis años y tres meses de prisión a José Ramón Romero, el que fuera director de la oficina del Grupo Rumasa en la localidad gaditana de Jerez de La Frontera, conocida como 'banquito de Jerez'.
Los magistrados de la Sección Quinta imponen la pena de seis años y cinco meses de cárcel a un sobrino de Ruiz Mateos, Zoilo Pazos, que figuraba como partícipe y administrador de numerosas sociedades del grupo. Igualmente condenan a Ángel de Cabo, Fernando Juan Lavernia e Iván Losada a penas de entre tres y cinco meses de prisión por delito de alzamiento de bienes, mientras que absuelve a otras cuatro personas que se sentaron en el banquillo de los acusados.
El fallo, ponencia de la magistrada Teresa García, condena a los hermanos Ruiz-Mateos, junto con Pazos y con Romero, a indemnizar de forma conjunta y solidaria a los perjudicados en la presente causa. Asimismo, impone a los condenados el pago de las costas causadas, incluidas las de las acusaciones particulares.
Según la sentencia, a principios de 2009 la situación económica y financiera del Grupo Nueva Rumasa era de una considerable gravedad, pues tenía deudas acumuladas por importe de millones de euros y carecía de liquidez para hacer frente a sus compromisos económicos y para sostener la actividad regular de las empresas, que necesitaban 52 millones de euros para atender sus pagos más inmediatos.
Entre tales compromisos se encontraban deudas por 197,5 millones de euros que vencían ese año y por otros 194,6 millones de euros que vencían en el año 2010.
"Ante esas circunstancias adversas que agravaban la situación de insolvencia de las empresas, los responsables del grupo, ocultando dicha situación crítica a los acreedores, proveedores y consumidores, decidieron poner en marcha un nuevo mecanismo dirigido a captar fondos del público", asevera el fallo.
Esos fondos buscaban "no solo enmascarar por un tiempo esa situación, sino también poder hacer frente a los cuantiosos gastos personales, familiares y domésticos y principalmente a los préstamos que gravaban sus viviendas, que a principios del año 2009 superaban los 18 millones de euros".
La resolución señala que no se conoce con exactitud número total de inversores que adquirieron pagarés u otros efectos del grupo, pues existían algunas inversiones opacas, pero, según sus propios responsables, en el período examinado se captaron fondos de, al menos, 4.110 personas.
Según esa información, precisa la sentencia, el importe total de los fondos captados fue de 337.377.450,60 euros, mientras que el auxilio judicial ha podido identificar la entrada en las cuentas de Grupo Nueva Rumasa de, al menos, 243.476.514 euros procedentes de los adquirentes de pagarés entre los meses de febrero de 2009 y febrero de 2011.