Aragón recibirá 31,5 millones con la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad aprobada por el Gobierno
La medida busca ampliar derechos, mejorar prestaciones y agilizar procedimientos administrativos
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad. La aprobación llega acompañada de una inversión total de 783 millones de euros destinada a las comunidades y ciudades autónomas para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). En el caso de Aragón, se destinarán 31,5 millones de euros al sistema autonómico de dependencia.
Esta cifra consolida los récords de financiación alcanzados en 2023 y 2024, y se enmarca en el impulso hacia un nuevo modelo de cuidados más accesible y eficiente, destaca el Gobierno.
La aprobación del nivel acordado ha venido acompañada de la luz verde, en segunda vuelta, al anteproyecto de reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, que inicia ahora su tramitación parlamentaria.
La norma, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, suprime el régimen de incompatibilidades entre prestaciones de dependencia. Además, amplía el alcance de la ayuda a domicilio, incluyendo nuevas tareas como realizar gestiones administrativas o hacer la compra, y reconoce la teleasistencia como un derecho subjetivo.
Otro de los cambios clave es que cualquier persona con una discapacidad del 33 % será automáticamente considerada dependiente, con el fin de reducir cargas burocráticas. Asimismo, las comunidades autónomas estarán obligadas a realizar obras de accesibilidad, como la instalación de ascensores o rampas, si así lo solicita un vecino, con el apoyo de ayudas públicas y subvenciones.
La reforma también modifica la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2013, eliminando la discriminación en la contratación de seguros de salud y vida. Además, reconoce la accesibilidad universal como un derecho reclamable ante la justicia y establece un fondo estatal para promoverla en espacios públicos.
Asimismo, se regula como infracción grave, con sanciones de entre 600.000 y un millón de euros, la celebración de espectáculos que supongan una exposición pública vejatoria por razón de discapacidad, como los conocidos casos del ‘bombero torero’.
Por otro lado, la reforma de la Ley de Dependencia de 2006 introduce medidas para agilizar trámites, elimina incompatibilidades entre prestaciones y amplía la cobertura para cuidados prestados por personas del entorno cercano, incluyendo no solo a familiares, sino también a vecinos o amistades, adaptándose a nuevas realidades de convivencia.