Anticorrupción investiga por prevaricación y tráfico de influencias a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá
También está siendo investigada la presidenta del Puerto, Marc Chao por una supuesta colocación de personal en empresas públicas
La Fiscalía Anticorrupción investiga a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá (PP), y a la presidenta del Puerto, Mar Chao, entre otros cargos públicos, por supuestos delitos de prevaricación y tráfico de influencias cometidos, al parecer, en procesos de colocación de personal. También constan como investigadas la concejala de Turismo e Innovación, Paula Llobet, y la de Educación, Igualdad y Deportes, Rocío Gil, además de cuatro trabajadores públicos.
Compromís denunció el pasado febrero "una serie de maniobras administrativas" que, dice, habrían servido para orquestar una "subrogación encubierta" de estos trabajadores hacia otras instituciones públicas. Fuentes fiscales han añadido que las diligencias se han abierto a raíz de una denuncia de la Intervención General de la Administración del Estado.
Según la portavoz de la coalición valencianista en el Consistorio, Papi Robles, "no es casualidad que varias fundaciones municipales y el propio Puerto de Valencia lanzaran convocatorias casi idénticas en las mismas fechas para cubrir perfiles que acabaron ocupando personas" que ya habían sido señaladas en actas notariales incluso antes de que se resolvieran los concursos.
Inicio de las presuntas irregularidades
Los hechos se remontan a abril de 2024, en el momento en que el Consorcio Valencia 2007 -presidido por la propia alcaldesa- se encontraba en proceso de liquidación y despedía a su plantilla. "Mientras unas personas eran enviadas a la calle, otras ya tenían preparado su futuro con plazas a medida en distintos organismos públicos. Es indecente y profundamente injusto", ha señalado Robles.
Desde Compromís destacan un "elemento clave": un acta notarial firmada antes de resolverse los procesos en la que ya se anticipaba quién ganaría algunas de las plazas. “No era una intuición, era el conocimiento de un sistema que estaba preparado. Y, efectivamente, las personas que se mencionaban acabaron obteniendo los puestos”, afirman desde el partido.
Además, un informe de la IGAE también pone en duda la legalidad de los procesos selectivos al advertir de que podrían haber vulnerado los principios de igualdad, mérito y capacidad.