Val defiende la gestión del Instituto Aragonés de Servicios Sociales ante las críticas por recortes
PSOE e IU critican recortes en el IASS y una cobertura insuficiente: "Las ayudas del Gobierno deben complementar, no sustituir, al sistema autonómico"
El director general del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Ángel Val, ha defendido este martes la ejecución presupuestaria y los avances en prestaciones y servicios sociales frente a la postura de la oposición parlamentaria, que ha denunciado "una cobertura insuficiente que no garantiza la protección efectiva de las personas más vulnerables y recortes presupuestarios".
Así se ha puesto de manifiesto en la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón en la que ha comparecido Val a petición del PSOE e IU para informar sobre la implementación de la Prestación Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y del Servicio Público Aragonés de Inclusión Social, para denunciar que hay familias que no lo están recibiendo.
Val ha recordado que la implantación del IMV por parte del Gobierno de España en 2020 ha modificado de forma sustancial el acceso a las rentas mínimas autonómicas que hasta entonces se articulaban a través del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y ha señalado que las obligaciones específicas de los beneficiarios se han diluido con la llegada del IMV, lo que ha tenido impacto en los procesos de integración social y laboral.
Para evitar duplicidades y garantizar ingresos mínimos, ha recordado que Aragón aprobó un complemento a la cuantía del IMV y reguló la prestación aragonesa complementaria (PACIM) y el servicio público de inclusión social, lo que ha supuesto la desaparición progresiva del IAI y su sustitución por un modelo que complementa las ayudas estatales cuando estas han resultado inferiores a las percibidas previamente.
Según Val, entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2025, las medidas implementadas han impactado en 11.872 aragoneses, de los cuales 4.511 han percibido la PACIM en sus dos modalidades y 7.361 las pensiones no contributivas de incapacidad y jubilación, y ha destacado que la revalorización de la PACIM ha elevado la cuantía de 586 euros en 2023 a 700 euros actualmente.
El director general ha indicado que el IASS ha incrementado su presupuesto en un 13 % en 2024 respecto al año anterior y que se ha ejecutado el 95 % de los fondos, datos que, a su juicio, reflejan una gestión orientada a favorecer a los sectores más vulnerables y que la transición entre el IAI y el IMV ha permitido un ahorro de 47 millones de euros.
La oposición ha coincidido en criticar la insuficiencia de la cobertura y la falta de liderazgo autonómico. Pilimar Zamora, del PSOE, ha reprochado al Gobierno de Aragón su “falta de impulso” y su “política de recortes” en materia de inclusión y servicios sociales pese a contar con un presupuesto “histórico”. Ha señalado la reducción del 12,5 % en la prestación aragonesa complementaria, la minoración de 400.000 euros en ayudas de integración familiar, el recorte del 26 % en la partida destinada a pobreza energética y la eliminación de ayudas de 200 euros a familias vulnerables.
Zamora ha recordado que Aragón ha pasado de ser la quinta a ser la séptima comunidad con menor riesgo de pobreza y exclusión social y ha reclamado que se reasignen recursos, se modifique la renta de inserción y se refuercen las prestaciones económicas para complementar el IMV y ofrecer las mejores coberturas desde el sistema público.
Ha criticado que no se ha avanzado en la modificación de la ley de la prestación aragonesa complementaria, que se han producido recortes en el presupuesto de prestaciones económicas de 2024 y que estas medidas han debilitado la política de inclusión.
Por IU, Álvaro Sanz ha denunciado que la prestación complementaria apenas ha llegado a 34 personas en junio de 2025 frente a los más de 17.000 perceptores del IMV en Aragón, que no se han publicado datos con transparencia y que los problemas técnicos han dificultado las solicitudes, calificando la situación de "maltrato institucional".
Ha reclamado garantizar un mínimo de 700 euros mensuales para quienes se encuentran por debajo de ese umbral y ha subrayado la necesidad de ayudas de urgencia para casos de pobreza sobrevenida.