Unas 25.000 personas trabajarán en la campaña agrícola que está a punto de comenzar en Aragón. De ellos, el 80 % por ciento serán migrantes. El año pasado, la inspección de Trabajo en la Comunidad detectó 101 temporeros sin contrato e impuso multas por un millón de euros a los empresarios. Para concienciar sobre buenas prácticas, la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza ha organizado este viernes una jornada en la que, de la mano de responsables de Extranjería, Inspección de Trabajo y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se han expuesto la normativa y novedades en contratación de personas migrantes en el campo, en especial para las labores de aclareo y recogida de fruta.
"No sale a cuenta ocupar a una persona en situación irregular, porque las consecuencias son muy importantes, no solo en materia de sanciones, sino de las responsabilidades que se puedan derivar de un accidente o de las prestaciones sociales a las que los trabajadores no tienen acceso", ha asegurado Román García, director territorial de Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Aragón.
Para García, el proceso de regularización(se abre en una nueva ventana) "es una oportunidad, no un problema" y facilitará "que los empresarios se puedan beneficiar para las contrataciones, recurriendo a personas que ya tienen documentación o están en proceso de obtenerla para iniciar la actividad". "Cualquier trabajador que está ocupado tiene derecho a que se le pague el salario correspondiente, a que se le proteja su seguridad y salud con independencia de la situación administrativa que tenga en España", ha resaltado.
En el encuentro, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha subrayado que la Comunidad es "una de las regiones productoras de fruta de hueso más importantes de Europa" y ha recordado que "el sector agroalimentario representa del orden del 10 % de la economía aragonesa".
Beltrán ha expuesto que "la inmigración supone ya, aproximadamente, un 15 % de los trabajadores en activo en la Comunidad" y ha defendido que el proceso regulatorio extraordinario aprobado por el Gobierno "va a implicar un beneficio económico y social", porque "son personas que ya están aquí y que las propias empresas están demandando para cubrir puestos de trabajo para los que en este momento no encuentran personal".