Sindicatos y entidades sociales quieren que el coste de la vivienda forme parte de la negociación colectiva y que se prime la construcción industrializada de vivienda, que abarataría los costes y reduciría los plazos, según se ha puesto de manifiesto en la presentación del Pacto Ciudadano por el Derecho a la Vivienda este lunes en Zaragoza.
La plaza San Bruno ha sido el escenario elegido para la presentación de dicho pacto, acordado por la Confederación de Asociaciones Vecinales de Aragón (CAVA), la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ), la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, Ecodes, la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón (REAS), UGT y CCOO.
Representantes de estos colectivos han puesto de manifiesto ante los medios que la vivienda consume la mayor parte de los ingresos de una familia, tanto en compra como en alquiler, que la falta de oferta es un problema en las zonas rurales y han reclamado que el conjunto de las viviendas(se abre en una nueva ventana) de un Estado forme parte de una infraestructura habilitante del derecho subjetivo de la población.
En este sentido, el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, ha ahondado en que se deben mejorar los salarios de los trabajadores para que puedan tener más facilidad de acceso a la vivienda y para ello llevarán al Acuerdo de Negociación Colectiva (ANC) de Madrid la propuesta para mejorar las condiciones laborales y que haya un avance en esa parte que luego deben completar las administraciones con un trabajo "coordinado".
Regular el uso turístico y más vivienda pública
"Nosotros queremos poner encima de la mesa que si la vivienda sube, de la manera que está subiendo, es un problema para la clase trabajadora, para las mayorías sociales y por tanto eso se tiene también que tener en cuenta", ha dicho Manuel Pina, secretario general de CC. OO.
Las principales reivindicaciones de los colectivos firmantes se recogen en 10 puntos que reclaman la aplicación inmediata de la ley estatal por el derecho a la vivienda, la ampliación de parque público de alquiler, la actuación contra los desahucios sin alternativa habitacional, ayudas estructurales al acceso a la vivienda digna y la prevención ante el sinhogarismo y el hacinamiento.
También que se regule el uso turístico y temporal de la vivienda, la regeneración de barrios vulnerables, soluciones específicas para facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, viviendas confortables, eficientes y descarbonizadas y el refuerzo presupuestario de la vivienda pública.