Los trabajadores de los centros de menores reivindican mejores condiciones en una jornada de huelga

Los trabajadores de los centros de menores se han manifestado en las tres capitales aragonesas. En Zaragoza, han protagonizado una cacerolada en la jornada de huelga convocada para este jueves. Lo han hecho frente a la sede del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Reclaman un convenio autonómico y mejorar sus condiciones laborales. Denuncian que sus salarios están congelados desde 2019 y que esto supone una bajada salarial progresiva respecto al nivel de vida.  

Las organizaciones sindicales que conforman la Plataforma por un Convenio Autonómico de Reforma Juvenil y Protección de Menores reclaman un acuerdo que revierta la "precarización" e introduzca mejoras en materia de salud, salario, jornada y organización del trabajo en Aragón. "Pongan el dinero suficiente para tener unas condiciones laborales dignas, en este momento están los salarios congelados desde hace un montón de años y el IASS no incrementa la partidas económicas", ha subrayado Angélica Mazo, responsable de Servicios Públicos de UGT. 

Aseguran que la externalización de este servicio es el motivo de la precariedad laboral en el trabajo con los menores. Han reiterado que es el Gobierno de Aragón quien tiene la competencia exclusiva en materia de "acción social, que comprende la ordenación, organización y desarrollo de un sistema público de servicios sociales que atienda a la protección de las distintas modalidades de familia, la infancia, las personas mayores, las personas con discapacidad y otros colectivos necesitados de protección especial". 

Han aclarado que desde el Departamento de Bienestar Social y Familia les han trasladado su apoyo para avanzar en un convenio autonómico de reforma juvenil y protección de menores, pero que el rechazo a convocar una reunión conjunta entre la patronal y sindicatos les llevó a estas movilizaciones. 

La consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, ha insistido en que el Gobierno de Aragón respeta las reivindicaciones del colectivo pero ha defendido que el Ejecutivo no puede interferir en las relaciones laborales entre empresas y trabajadores. También ha asegurado que los contratos se están cumpliendo: "El Gobierno de Aragón respeta, por supuesto, la libertad sindical y la demanda de los trabajadores. Los trabajadores pedían una mesa tripartita, yo misma les dije que el Gobierno no iba a interferir en las relaciones laborales entre los trabajadores y la empresa. Respetamos absolutamente todas sus reivindicaciones, pero entendemos que hay un convenio estatal. Entendemos que reivindiquen uno autonómico, puesto que da fuerza a los sindicatos para negociar, pero se está respetando el convenio estatal". 

600 trabajadores atienden los servicios residenciales de protección y reforma de niños, niñas y adolescentes en Aragón que se distribuyen entre centros de protección, reforma y pisos tutelados, que cuentan con 720 plazas, a las que se suman 140 del programa 17 plus y 74 de nueva creación para atender al último reparto de niños, niñas y adolescentes en toda la Comunidad.