Los presidentes autonómicos y el Gobierno se reúnen este viernes con 16 asuntos sobre la mesa

La crispación política y los duros cruces de acusaciones entre el Gobierno y el PP han precedido la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Barcelona y dificultan la posibilidad de acuerdos. Los presidentes autonómicos del PP viajarán a Barcelona con un programa de máximos, en el que, entre otras medidas, exigirán al Gobierno derogar la Ley de Vivienda, prolongar la vida de las nucleares y anular los acuerdos singulares con Cataluña en materia de financiación o migraciones. Son 16 los asuntos que se debatirán en el orden del día.

El Gobierno aceptó el martes incluir en el orden del día de la Conferencia los(se abre en una nueva ventana) ocho temas solicitados por las comunidades gobernadas por el PP,(se abre en una nueva ventana) y que son: la reforma de la financiación autonómica; lucha contra la ocupación; un plan energético para evitar apagones; control de fronteras y política migratoria; inversiones para evitar el caos ferroviario; el déficit de profesionales sanitarios; la financiación del primer ciclo de educación Infantil y la retirada de los proyectos de ley de reforma del Poder Judicial y de la Fiscalía.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha abierto un nuevo frente y ha avanzado que si no le hablan en español en la conferencia, se saldrá y ha criticado que se esté usando el catalán para "hacer provincianismo".

La posibilidad de usar las lenguas cooficiales es una novedad de la conferencia de Barcelona, tras solicitarlo los Gobiernos catalán y vasco, según señaló esta semana el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Vivienda, financiación singular o inmigración

El Ejecutivo central no tira la toalla y ha enviado una carta a los presidentes autonómicos para plantearles un Acuerdo Estatal de Vivienda 2026-2030.

Propone medidas como triplicar la inversión pública, hasta casi 7.000 millones de euros -el Gobierno aportaría 4.000 (un 60 %) siempre y cuando los ejecutivos autonómicos aportaran al menos 2.700 millones; blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas con protección pública, y acabar con el monopolio de la información que tienen algunos portales privados dando más transparencia el sistema.

Pero sin entrar en los detalles de la propuesta, el PP critica que recurra a anuncios sobre vivienda cuando "más cercado está por la corrupción" y considera que no tiene credibilidad para liderar ningún pacto nacional.

Inevitablemente sobre la conferencia planeará también el acuerdo del Gobierno con ERC para dotar a Cataluña de una financiación singular, (se abre en una nueva ventana)propuesta prometida para antes de fin de julio, y sobre la que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha señalado que no tiene inconveniente en hablar.

Como ya hicieron hace seis meses ante la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander, Canarias y País Vasco han decidido unir fuerzas para que en Barcelona se aborde el drama migratorio.

El presidente canario, Fernando Clavijo, y el lehendakari, Imanol Pradales, defenderán la necesidad de un plan integral y estructural de política migratoria para dar a este fenómeno estructural una respuesta "coordinada, humanitaria y sostenible".

Pero el asunto tiene difícil acuerdo cuando hasta cuatro comunidades del PP -Madrid, Aragón, Cantabria y Extremadura- han recurrido ante el Constitucional el real decreto para la reubicación de menores migrantes no acompañados(se abre en una nueva ventana) desde regiones saturadas, como Canarias.

Una ciudad blindada

Barcelona se blindará este viernes con motivo de la celebración de la Conferencia de Presidentes autonómicos con un amplio dispositivo policial que movilizará a todas las unidades de los Mossos d'Esquadra, coordinadas con la Policía Nacional y la Guardia Civil, con epicentro en el Palacio de Pedralbes, sede de la cumbre.

Dada la magnitud de la cita, con la presencia de Felipe VI, el Gobierno en pleno encabezado por Pedro Sánchez y los presidentes de las 17 comunidades, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se ha diseñado un operativo policial de gran envergadura, al nivel de otros grandes eventos y reuniones políticas celebrados en Barcelona.

El dispositivo diseñado se centrará en extremar la seguridad en el Palacio de Pedralbes, situado en la avenida Diagonal, y en los trayectos que se prevé recorran las comitivas de las diferentes comunidades autónomas hasta la sede de la reunión.