La nueva Ley de Vivienda inicia su tramitación: alquileres que no superen el 30% de los ingresos
La primera votación en las Cortes de Aragón ha contado con el "no" del PSOE y las condiciones de Vox, que pide prioridad para los nacionales
La nueva Ley de Vivienda de Aragón inicia su tramitación parlamentaria tras su paso por las Cortes. El texto contempla, por ejemplo, que los arrendatarios no tengan que destinar más del 30% de los ingresos a pagar el alquiler de su vivienda.
Si se trata de vivienda protegida, sus dueños no podrán alquilarla o venderla a terceros hasta que no pasen, como mínimo, 20 años, rebajando una década ese plazo, que hasta ahora estaba en los 30 años.
Otro de los puntos destacados de esta nueva ley es que todos los suelos públicos que no vayan destinados a equipamientos generales, como pueden ser bibliotecas, centros cívicos o de salud tendrán que estar destinados a la construcción de vivienda social. El objetivo que se marca es construir hasta 14.000 de estas viviendas en 10 años.
"Una ley, diputados y diputadas de las Cortes, que legará un parque público de vivienda a las próximas generaciones de aragoneses, asimilable al del resto de Europa y del que hoy carecemos", ha señalado el consejero de Vivienda, Octavio López.
El Gobierno de Aragón ha destacado este jueves que hay 47.000 jóvenes aragoneses que no pueden emanciparse, por eso quieren construir más viviendas públicas. Dicen que esta ley ha buscado el equilibrio entre lo público y lo privado, entre un enfoque intervencionista y uno liberal. El Ejecutivo autonómico ha contado con el apoyo del PAR y de Vox, aunque esperan mejorar la ley en su trámite en el Parlamento.
"No saldrá adelante definitivamente con nuestros votos si no hay prioridad de adquisición de los nacionales, bajadas de impuestos o se eliminan referencias ridículas, como lo de compartir piso", ha condicionado el diputado de la formación, Alejandro Nolasco.
Por su parte, Teruel Existe se ha abstenido y el resto ha votado en contra. El PSOE considera que esta ley está más enfocada a constructores y promotores, y que no piensa en quienes de verdad necesitan una vivienda. Critican que no hay mecanismos para limitar los precios de los alquileres, que no se pone freno a los grandes propietarios.
"El suelo público es de todos y lo que el Partido Popular pretende y el Gobierno del señor Azcón quiere hacer es regalarlo y malvenderlo para que unos pocos hagan negocio", ha criticado la diputada socialista Beatriz Sánchez.
El proyecto de ley incluye la promoción de viviendas con zonas compartidas y otras pensadas para trabajadores de zonas turísticas o industriales con problemas de alojamiento.