El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros un decreto que endurece los criterios para crear nuevas universidades. A partir de ahora, necesitarán un informe favorable de evaluación de las agencias de calidad, que serán vinculantes en el proceso.
Una de las novedades del decreto es la exigencia de un mínimo de 4.500 alumnos en el plazo de seis años, aunque el Ejecutivo da un margen de entre tres y ocho años para poder cumplirlo. La nueva universidad deberá ofertar como mínimo diez títulos oficiales de Grado, seis de Máster y tres de Doctorado en tres ramas de conocimiento distintas. También cumplir con un 50 % de doctores y doctoras para el conjunto de enseñanzas sobre la totalidad de la plantilla de profesorado. "En el centro de esta reforma está de manera muy concreta la protección de nuestro estudiantado ante el riesgo de universidades de una calidad insuficiente, pero también queremos asegurarle a la sociedad que quienes van a obtener títulos universitarios en nuestro país han recibido la formación exigible", ha señalado la ministra, Diana Morant.
El Gobierno de Aragón ha denunciado que el decreto "cambia las reglas del juego establecidas", invade las competencias de las comunidades autónomas y coloca en situación de desigualdad a Aragón. La consejera de Universidad aragonesa, Claudia Pérez Forniés, ha lamentado que esta aprobación deja en manos del Estado la competencia para crear universidades, "excepto para Cataluña y País Vasco, que se han negociado aparte".
De los ocho proyectos de universidad que se verán afectados, ya que todavía están pendientes del informe del Ministerio, tres de ellos se sitúan en Aragón: la Universidad Internacional de Aragón UNIAR, The Power University y la Universidad NCI Aragón. A juicio de la consejera, los cambios en los requisitos "nada tienen que ver con la calidad de la docencia y de la investigación".
Pérez Forniés ha recalcado además que la obligación del ejecutivo aragonés es "retener el talento aragonés y atraer el de fuera", al tiempo que ha recordado que en torno a 1.500 jóvenes de los 7.000 que superan la prueba de acceso a la Universidad se van fuera de Aragón a estudiar, por lo que son necesarias más plazas y más grados en más territorios, y se ha comprometido a trabajar para que sea posible en un modelo de convivencia entre las universidades públicas y privadas, como se ha hecho "desde hace 20 años".