La concertación del Bachillerato tensa el pleno de las Cortes con reproches de privatización y defensa de derechos
Además, la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha presentado este jueves ante las Cortes el Informe Anual correspondiente a 2025
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha comparecido este jueves en las Cortes a petición de Chunta Aragonesista. El debate ha girado en torno a la concertación del Bachillerato, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón lo suspendiera cautelarmente para el curso 2026/2027.(se abre en una nueva ventana)
Jorge Pueyo, portavoz de CHA, ha considerado que el Gobierno aprobó una orden "ideológica e ilegal", y ha preguntado a Azcón, por qué tuvo tanta prisa en aprobarla con un Ejecutivo en funciones.
"Impone esta medida ideológica e ilegal de destinar recursos públicos para privatizar el Bachillerato(se abre en una nueva ventana) sin necesidad, como le dice el Tribunal Superior de Justicia, y los centros públicos siguen teniendo muchas necesidades. Ustedes confunden libertad con privilegio", ha expresado. También le ha lanzado una pregunta: ¿A qué van a destinar los 19 millones de euros ahora que la Justicia, ha dicho, les ha parado los pies?
Por su parte, Jorge Azcón ha respondido alegando que querían ampliar derechos y que lo hicieron estando en funciones porque iban a continuar en el Gobierno. Cree que la izquierda está intentando enfrentar dos modelos y ha afirmado que en 2027 esta medida se pondrá en marcha: "Es un error dirigirse y atacar a más de 50.000 familias. Es un error social y político, y tenga la certeza de que este Gobierno va a seguir incrementando los presupuestos en la Educación Pública de una forma histórica, pero, además, vamos a ampliar los derechos en la Educación".
Desde el PSOE, su portavoz, Pilar Alegría, ha pedido de nuevo al presidente que haga públicos los informes técnicos que son necesarios para sacar adelante nuevos conciertos educativos. "Queremos saber cómo reconocen y en qué basan ustedes la necesidad de esa escolarización para llevar a cabo esta medida. O no lo enseñan, porque nunca lo han tenido, o no lo quieren aportar, porque saben que la realidad mata su relato", ha detallado Alegría.
Mientras, Azcón ha acusado a la socialista de usar los datos de forma interesada y con demagogia. Le ha recordado que su Gobierno defiende un proyecto educativo con más derechos. "Las plazas que se están ofertando en el Bachillerato concertado son plazas que llevan años ofertándose, la diferencia es que esas plazas las pagan las familias y, ahora, queremos ayudar a las familias a que puedan elegir llevar a sus hijos a un Bachillerato concertado. Ni las duplicamos ni llenamos los bolsillos de nadie", ha subrayado el presidente de Aragón, que ha recordado que fue la izquierda quien puso en marcha las plazas concertadas en los centros educativos cuando gobernaba.
La Justicia rinde cuentas ante las Cortes
Durante el pasado ejercicio, el Justicia tramitó 2.135 expedientes, fruto de las quejas y consultas planteadas por 8.922 personas. La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha presentado este jueves ante el Pleno de las Cortes el Informe Anual correspondiente a 2025.
La sanidad volvió a concentrar el mayor volumen de reclamaciones, seguida de los servicios sociales, la educación, el empleo público y los servicios públicos y transportes. El informe también pone el foco en cuestiones como el acceso a la vivienda, la salud mental, la vulnerabilidad en las aulas, el impacto territorial de las energías renovables, la soledad no deseada y la conservación del patrimonio en el medio rural.
Entre las principales advertencias, la institución insiste en el déficit de profesionales sanitarios, especialmente en el ámbito rural, las listas de espera en atención especializada y los retrasos en la dependencia y el reconocimiento del grado de discapacidad. Asimismo, reclama reforzar la inclusión educativa, mejorar la accesibilidad de los servicios públicos y garantizar una transición energética compatible con la protección del territorio y del medio ambiente.
"Son escasas las quejas en mala praxis, pero no en la falta de profesionales sanitarios o en la demora en los plazos. Se dan en atención primaria, consultas, citas, diagnósticos o intervenciones quirúrgica. La responsabilidad es compartida entre el Estado y la Comunidad", ha valorado desde el hemiciclo la Justicia, Concepción Gimeno.