El absentismo laboral en Aragón ha alcanzado este año cotas del 7% a nivel general y del 5,5% por enfermedad común (ITCC), según un informe que ha presentado la CEOE. Una cifra que se sitúa a la cabeza histórica "desde que hay estadísticas" y avisan de que la situación "es insostenible". Las cifras están ligeramente por debajo de la media del país que se ha establecido en un 7,5% y 5,8%, respectivamente.
La industria es el sector más perjudicado ya que sobrepasa el 8% a nivel general en Aragón, y el 6% en lo relativo a ITCC. Según el presidente de la Comisión de Relaciones Laborales, Salvador Sánchez, el problema radica en las amplias listas de espera que afectan al servicio sanitario en la Comunidad. Desde el año 2020, la sustitución de la atención primaria inmediata y presencial por una telefónica está produciendo que "la atención no sea lo rápida y lo necesaria que tiene que ser para un control correcto de las incapacidades", ha lamentado.
"Si una persona es diagnosticada en un plazo mucho más largo del que podría serlo, las bajas de más de 90 días se están alargando muchísimo en consecuencia. Debemos modificar determinadas cuestiones de procedimiento, que sea mucho más ágil para que permita la reducción. Y, sobre todo, que se aprovechen todos los recursos médicos", ha aseverado Sánchez.
En lo relativo a posibles causas relacionadas con la pirámide poblacional, ha asegurado que le ha "sorprendido" que esté incrementándose en la franja de edad de 40-55 años mucho más que en la de 55-65, "que sería lo que la lógica, diría", algo que requeriría "un análisis reposado". Tampoco ayuda la falta de profesionales en el ámbito de la salud mental, ya que dificulta la reincorporación, al hacer que muchas de las bajas por este motivo se conviertan en incapacidades de larga duración. "No solo se convierte en una baja de larga duración, sino que la reincorporación al puesto de trabajo es prácticamente imposible porque no ha sido tratado", ha criticado.
Sin evaluadores en Teruel
La provincia más perjudicada de Aragón en este ámbito, ha recalcado la entidad, es Teruel, donde, a día de hoy, no existe un servicio médico evaluador de incapacidades. Un problema que, según el asesor en materia laboral de CEOE Teruel, Francisco Ibáñez, se viene repitiendo a lo largo de los últimos 4 ó 5 años.