La Cámara de Cuentas alerta de que 18 grupos concentran el 64,2 % de los proyectos de renovables en Aragón

La Cámara de Cuentas de Aragón ha advertido este lunes de la concentración de los 377 proyectos de renovables principales en la Comunidad en 18 grupos, entre ellos Forestalia, al concentrar el 64,2 % de los expedientes tramitados por el Inaga, el 75,4 % de la potencia y el 76,4 % de las tasas.

Así lo ha indicado el presidente de la Cámara de Cuentas, Jesús María Royo, en su comparecencia en las Cortes para presentar el informe de fiscalización del organismo encargado de tramitar las autorizaciones ambientales, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga)(se abre en una nueva ventana), de los años 2022 y 2023, y de tasas y actividades relacionadas con la tramitación, autorización y operación de parques de renovables entre 2019 y 2023, años correspondientes al último Gobierno de Lambán.

Una concentración, ha afirmado, que "no es automáticamente ilegal" ni implica por sí sola trato de favor en un sector intensivo en capital, pero sí es "relevante y jurídicamente exigente desde la perspectiva de los controles" y, además, puede llegar a influir en la regulación, dificultar la entrada de nuevos actores o reducir competencia y generar riesgos de prácticas anticompetitivas.

"No se trata de intentar señalar a determinadas empresas, sino de preguntarse si la administración está preparada para controlar un mercado altamente concentrado", ha agregado Royo, quien ha apuntado que dos empresas, Bruc y Forestalia, son relevantes porque controlan 51 y 42 proyectos, respectivamente, y al menos 23 actualmente vinculados a la primera procedían de la segunda.

En el periodo fiscalizado se tramitaron 1.191 expedientes vinculados a energías renovables y en 389 de ellos, según el informe, no se remitieron las declaraciones de compatibilidad ni las diligencias de encargo y en 536 no ha sido posible identificar ninguna tasa ingresada por el Inaga ni las fechas de cobro, en su caso.

En cuanto al apoyo del Inaga en Sarga o en consultoras externas para la tramitación de expedientes, ha apuntado que en principio podría, pero el informe cuestiona las garantías con las que lo hizo, entre otras cuestiones porque hay promotores sin identificación de grupo empresarial y esto, en su opinión, es de una relevancia "capital", porque afecta a la capacidad misma de detectar conflictos de interés.

Royo ha incidido en que en el informe se advierte de que la información sobre los expedientes de renovables presentaba limitaciones muy significativas que cuestionan la fiabilidad, la completitud y la exactitud, con lo que la Cámara se ha visto obligada a reconstruir y depurar la información recibida por el Inaga, que no era "suficientemente fiable".

Así, se citan varios defectos acumulativos: ausencia de importes de tasas por expedientes, fechas de pago incompletas o erróneas, municipios incorrectos, falta de desglose por comarcas y provincias, ausencia de trazabilidad entre expedientes vinculados a un mismo proyecto, carencia de campos esenciales, como la potencia instalada o el grupo empresarial, o expedientes localizados en la base de datos que no estaban incluidos en los listados remitidos. "Estamos ante un déficit sistémico de trazabilidad", ha resumido.

Royo ha señalado además que el elevado porcentaje de autorizaciones favorables -del 97,4 %-, demuestra que los controles de trazabilidad, compatibilidad, motivación y supervisión no fueron "especialmente robustos". "No afirmamos en este caso que cada resolución estimatoria fuera irregular", pero sí que en un ámbito como las renovables, el sistema debía permitir una trazabilidad "implacable e impecable, y el informe dice exactamente lo contrario", ha aseverado.

Además, se ha referido a la investigación judicial abierta en torno al Inaga -por el supuesto cobro de mordidas a cambio de favorecer proyectos del grupo Forestalia- como hechos que no se acreditan o afirman en el informe, pero en su opinión el documento "cobra especial relevancia" porque sí que identifica "debilidades administrativas", especialmente la dependencia estructural de medios externos, la modificación de los formularios de declaración de compatibilidad y los conflictos de intereses.

En todo caso, ha confirmado que la Cámara de Cuentas de Aragón no ha recibido ningún tipo de diligencia preliminar del Tribunal de Cuentas sobre este informe.

En el turno de los grupos, Lorena Tabanera, del PP, ha destacado que desde 2024, con el Gobierno de Jorge Azcón, las consultoras externas se ha reducido en un 99,5 % -se ha pasado de 188 expedientes externalizados a uno, y ninguno en materia de renovables- y se ha incrementado el personal del Inaga hasta un 20 %, con lo que "parece que ya se va dando solución a ese atasco que había" en las tramitaciones.

Óscar Galeano, del PSOE, ha definido la fiscalización como "contundente", al plasmar debilidades de un organismo que tuvo en 2015 un punto de inflexión por la velocidad exponencial que comenzó a adquirir el desarrollo de las renovables sin ir acompañado de un incremento de plantilla, y ha considerado que las recomendaciones "van en la buena dirección" para mejorar la tramitación y la transparencia.

Marta Fernández, de Vox, ha insistido en que esta fiscalización refleja "una suma de debilidades estructurales" a lo largo de años del Inaga que evidencia que el organismo "funciona mal", una falta de transparencia que podría encajar en una infracción muy grave de gestión económico-presupuestaria.

Verónica Villagrasa, de CHA, ha mostrado su preocupación por la fuerte concentración empresarial de proyectos y en determinadas zonas, sobre todo de Zaragoza y Teruel, y por la insuficiente dotación de recursos humanos y materiales del Inaga y los riesgos que implica para la autonomía, el conflicto de intereses y la capacidad de control de la administración, y ha subrayado que Aragón necesita una planificación energética propia, vinculada a la ordenación del territorio y la protección de los paisajes, la biodiversidad y los intereses de los pueblos.

Tomás Guitarte, portavoz de Aragón Teruel Existe, ha apuntado que este informe "cuestiona de raíz el modelo de renovables que ha tenido Aragón" y junto con la información que se va conociendo sobre investigaciones judiciales no hace sino darles la razón cuando reivindican "renovables, sí, pero no así".

Para Marta Abengochea (IU), el informe es una "enmienda a la totalidad" de la gestión de las renovables en Aragón y la evidencia de que la Comisión de Investigación de las Cortes sobre su despliegue y el Inaga fue "una cortina de humo" y de que hace falta voluntad para "enderezar el rumbo".