La Audiencia Nacional no ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno de Aragón a las Conferencias Sectoriales por el reparto de menores migrantes convocadas por el Ministerio de Juventud e Infancia.
El Gobierno de Aragón presentó un recurso contencioso-administrativo contra las convocatorias del 28 de abril, que no llegó a celebrarse, y del 5 de mayo, sobre la presentación, debate y aprobación de la propuesta sobre esta distribución de menores migrantes.
La resolución admite las alegaciones de la abogacía del Estado, que señala que estas convocatorias recurridas no constituyen una actividad administrativa impugnable porque no tienen carácter definitivo, es decir, no deciden directa o indirectamente el fondo del asunto.
Además, considera que la demanda se basa en la inconstitucionalidad del Real Decreto Ley sobre la distribución de menores migrantes y no en la irregularidad de la convocatoria en si misma. La Audiencia Nacional, tal y como recoge el auto, "carece de jurisdicción para pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, lo que materialmente constituye el objeto de la reclamación de la recurrente".
Además de declarar la inadmisibilidad de estos recursos contencioso-administrativo, la Audiencia Nacional ha impuesto las costas devengadas a la Comunidad Autónoma de Aragón por un importe de 3.000 euros.
El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha criticado al Ejecutivo aragonés: "Tanto en la forma que están adoptando, que es enmarañar judicialmente cualquier tipo de actuación en esta materia, y hasta el momento con ningún éxito; como en el fondo, que es lo más preocupante y es que esta manifestando su incapacidad de gestionar una cuestión que es absolutamente relevante y trascendente"
Por su parte, la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, ha asegurado que "el respeto del Partido Popular a las resoluciones de los tribunales es absoluto" y ha lanzado un dardo al PSOE: "ojalá cundiera el ejemplo en la izquierda".
También ha reconocido que desde el Gobierno de Aragón van a seguir recurriendo "absolutamente todos los actos" derivados del Real Decreto Ley, el cual consideran "inconstitucional, injusto, arbitrario y que tiene como único objetivo favorecer a los socios de Pedro Sánchez para mantenerse en la Moncloa".