La reunión entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Juventud e Infancia para debatir sobre la reubicación de menores migrantes no acompañados ha concluido este lunes sin acuerdo y no se ha llegado a votar el orden del día. La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que se ha abordado la distribución de unos 4.400 menores, estaba convocada para el lunes pasado, pero se suspendió por el apagón(se abre en una nueva ventana). La cita se ha celebrado en el Ministerio de Política Territorial y ha durado unas cuatro horas.
Desde el Gobierno de Aragón consideran que la reubicación de menores es injusta y vulnera las competencias autonómicas. La Comunidad ha recurrido ante el Constitucional tanto ese decreto ley como la petición del gobierno central para recabar los datos de los menores que ha acogido cada territorio(se abre en una nueva ventana).
"Sin conclusiones, solo con lo que ha dicho la ministra, que sí o sí va a cumplir con su ley. Así que, nosotros, sí o sí seguiremos con los recursos jurídicos, porque consideramos que es una ley injusta, hecha a medida para Cataluña y que vulnera claramente la Constitución", ha subrayado la consejera de Bienestar y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, a la salida de la reunión.
Sin aportaciones "de ningún tipo"
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido que el real decreto "no se vota porque ya está ratificado" por el Congreso de los Diputados y ha reprochado a los 'populares' que "no se puede votar lo que no se ha aportado", ya que no han presentado ninguna propuesta de modificación.
"Cero propuestas del PP en una conferencia que se ha centrado en el bloqueo y no ha habido aportaciones de ningún tipo. Ha sido un debate largo en el que lamentablemente no hemos abordado lo que para nosotros es el asunto central, que es la situación de crisis humanitaria en Canarias y Ceuta", ha manifestado Rego.
La ministra, que ha incidido en que el real decreto "está vigente y es operativo", ha lamentado que no haya sido posible debatir ninguna propuesta porque no han "contado con ninguna aportación de las comunidades autónomas del PP más allá de la exigencia de la desconvocatoria de la Conferencia Sectorial".
Rego ha avanzado que este martes saldrá una solicitud de información formal por un plazo de diez días para que las comunidades autónomas actualicen sus datos de capacidad de acogida. De este modo, el Gobierno da un nuevo plazo de diez días para actualizar los datos oficiales y poder establecer la capacidad ordinaria de acogida de cada uno de los territorios.
A pesar de la "actitud reactiva", ha resaltado la importancia de "mantener la cooperación con las comunidades autónomas", ya que el real decreto "contempla que se pueden cambiar los criterios por unanimidad".