Fernando Samper, los hermanos Pérez Águeda y Carmelo Aznárez son los aragoneses imputados en el caso Leire
Se trata de la trama que habría presuntamente realizado maniobras para influir en procesos judiciales y ayudas públicas, tal y como consta en diversos informes de la UCO
El juez de la Audiencia Nacional(se abre en una nueva ventana) Santiago Pedraz ha imputado en la causa que investiga el caso Leire(se abre en una nueva ventana), una trama que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE o del Gobierno, a 25 personas, entre las que figuran los aragoneses Fernando Samper Rivas, Roberto Pérez Águeda, Eduardo Pérez Águeda y Carmelo Aznárez Pellicer.
Samper es fundador, propietario y exdirector general de Forestalia(se abre en una nueva ventana); los hermanos Pérez Águeda están relacionados con sociedades y proyectos del grupo y Aznárez es economista y administrador de varias empresas.
Otros imputados son la presidenta de la Sepi, Belén Gualda; el expresidente de Enusa José Vicente Berlanga Arona; la directora corporativa de esta empresa, Rosário Arévalo Sandez; el exdirectivo de Acciona Francisco Javier López Buciega; el exmiembro del consejo consultivo andaluz y catedrático Juan Antonio Carrillo Donaire; la directora de desarrollo corporativo y estrategia en Isdefe, María Teresa Castillo Pasalodos, y el expresidente de Mercasa, José Ramón Sempere Vera.
También, el director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la Sepi, Julián Mateos Aparicio Priet; el exinterventor general de la Junta de Andalucía Miguel Ángel Figueroa Teva; el expresidente de Tubos Reunidos Francisco Irazusta; el exconsejero de la empresa Jesús Pérez Rodríguez Urrutia; el director corporativo de Sepi, Miguel Ángel Santiago Mesa, y el consejero delegado de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras.
Asimismo, los directivos de Sepi Rosario Martín Manzanedo y Félix Azcona Lacarra; el letrado de la Junta de Andalucía Fernando Albert Aragon, y José Sánchez Campos.
También figuran como imputados María de la Concepción Ortiz Fuerte; Marcos López Domingo; Fernando Samper Rivas; Roberto Pérez Águeda; Eduardo Pérez Águeda; Carmelo Aznarez Pellicer; Juan Ignacio Fernández-Micheltorena y Mikel Arrarás Abejón.
En una providencia fechada este lunes, Pedraz indica que, tras analizar un escrito de la Fiscalía Anticorrupción, procede investigar "indicios de criminalidad".
Se trata de la trama que habría presuntamente realizado maniobras para influir en procesos judiciales y ayudas públicas, tal y como consta en diversos informes de la UCO, que entre otros asuntos incluye el pago de una comisión por el préstamo de 112,9 millones de euros recibido por Tubos Reunidos.
"Acciones tendentes al otorgamiento"
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado Hirurok ('nosotros tres', en euskera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento" de la ayuda.
A cambio de esta gestión percibieron un total de 114.950 euros por servicios de prospección de mercados a través de la empresa Mediaciones Martínez, pagos de los cuales constan facturas pero que la UCO considera "mendaces" ya que "su verdadera motivación" vendría por las gestiones efectuadas para que la Sepi aprobase la ayuda a Tubos Reunidos.
Pero la decisión de Pedraz amplía el foco de la investigación a otras empresas, y no se limita a los 112,8 millones de euros que recibió Tubos Reunidos.
Para la Fiscalía Anticorrupción, existen indicios fundados de irregularidades en otras cuatro operaciones vinculadas con empresas públicas, además de Tubos Reunidos: Mercasa; Enusa; Parque Empresarial Principado de Asturias; y Forestalia.
Además, la UCO señala el destacado papel que habría desempeñado el que fuera presidente de la Sepi, Vicente Fernández, que "con razón de esta operativa" -sobre Tubos Reunidos- "habría facturado 40.000 euros".
Los agentes sospechan asimismo que en un periodo en el que todavía no se había producido el nombramiento de un nuevo presidente de la Sepi, Vicente Fernández "habría continuado de facto actuando como tal", y han constatado "su asistencia a reuniones en representación de este organismo público ante terceros, el acceso a información interna, la toma de decisiones o la impartición de instrucciones".