Bélgica no autoriza a Lluís Puig a declarar por videoconferencia en el juicio por el caso Sijena
El tribunal no escuchará este jueves ni al acusado, Lluís Puig, ni a su antecesor en el cargo. Santi Vila tenía que declarar como testigo, pero se ha acogido a su derecho a no hacerlo

El juicio al exconseller de Cultura de Cataluña, Lluís Puig, comienza este jueves y durará dos días en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. Está acusado de cometer un delito de desobediencia en relación con el caso de las obras de arte del Monasterio oscense de Sijena. El procesado finalmente no prestará declaración por videoconferencia, ya que reside en Bélgica y el país no lo ha autorizado. Estaba previsto que este juicio se celebrara en noviembre del año pasado, pero también fue aplazado al no ser posible su citación.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, que preside el tribunal ha acordado celebrar el juicio al exconseller de Cultura, Lluís Puig, en ausencia al no haber comparecido en el juicio, ni por videoconferencia ni de forma presencial, y ha subrayado que fue "formal y correctamente citado". Ha manifestado que el proceso judicial "no puede quedarse en 'stand by'" hasta que la legislación belga permita establecer la videollamada, un hecho que ya motivó la suspensión del juicio el pasado mes de octubre.
También estaba llamado a declara como testigo el exconseller de Cultura Santi Vila, quien también está acusado por los mismos hechos en un juzgado de lo penal de Barcelona. A diferencia de Puig, tiene escaño en el Parlament por Junts, a pesar de que reside en Bruselas y ya no es aforado. Finalmente, Vila se ha acogido a su derecho a no declarar.
El abogado de la acusación particular, Jorge Español, que representa al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, ha pedido "la nulidad de este juicio y la conformación de un nuevo tribunal" alegando que su libertad de defensa no ha sido respetada por el tribunal, lo que los sitúa en una situación de temor y de miedo, en sus palabras textuales, a que la Sala no atienda sus peticiones y que no está en condiciones de poder hablar.
La defensa de Puig, que ejerce el abogado Jaume Alonso-Cuevillas, también ha pedido la suspensión del juicio argumentando que no se puede celebrar en ausencia del acusado porque "no se cumplen los requisitos" legales para ello y ha añadido que el exconseller sí tenía la intención de declarar.
La primera sentencia, de 2015
El Juzgado de Primera Instancia nº1 de Huesca dictó una sentencia en 2015 en la que se decretaba la "nulidad de pleno derecho" de la compraventa de obras de arte realizadas por la Generalitat de Catalunya en 1983 y 1992 y por el Museo de Arte de Catalunya en 1994. Declaró que dichas obras corresponden a la Orden Sanjuanista del Real Monasterio de Sijena.
Esta sentencia fue recurrida por la Generalitat de Catalunya y por el Museo de Arte de Catalunya, pero fue ratificada por la Audiencia Provincial de Huesca en 2017. Entonces, el juzgado pidió a la parte catalana que entregase las obras al Monasterio de Sijena. El auto le fue notificado personalmente a Santi Vila, quien puso en conocimiento del Gobierno de Aragón que ya había ordenado que los bienes que se hallaban en el Museo Nacional de Arte de Catalunya fueran trasladados "de forma inmediata", pero no las 44 piezas que permanecieron en el Museo de Lleida.
En junio de 2024, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca dictó otro auto en el que requería de nuevo el cumplimiento de la sentencia y la entrega de las 44 piezas restantes.
Según la Fiscalía, "ninguno de los acusados realizó actividad alguna tendente al traslado de las obras". En diciembre de 2017, se dictó la intervención de las fuerzas de seguridad y las obras fueron trasladadas al Monasterio de Sijena, con un coste de casi 13.000 euros para el Gobierno de Aragón.
El ministerio fiscal pide para ambos exconsellers 11 meses de multa con una cuota diaria de 18 euros y su inhabilitación para cargo público por un periodo de dos años como autores de un delito de desobediencia. Solicita también que indemnicen conjunta y solidariamente al Ejecutivo aragonés la cuantía del traslado de las obras.
