El Consejo de Gobierno ha aprobado este viernes el proyecto de la que se convertirá en la primera Ley de Vivienda de Aragón, que ya ha registrado en las Cortes autonómicas para su tramitación en el próximo periodo de sesiones. La nueva norma contempla levantar viviendas públicas en suelos propiedad de la administración y que están en desuso, e impulsar la construcción de VPO.
En rueda de prensa, el consejero de Fomento, Logística, Vivienda y Cohesión Territorial, Octavio López, ha señalado que "Aragón necesita una ley de vivienda que dé respuesta a las necesidades concretas de la Comunidad y tenga en cuenta las especificidades de un territorio extenso y con desequilibrios territoriales", recordando que el Gobierno de Aragón presentó en marzo el Plan Aragón Más Vivienda, con 400 millones de euros de presupuesto, con programas para vivienda protegida y para pública, y otra serie de actuaciones con el programa Más Turismo.
El titular de Vivienda ha dicho que entre las prioridades del Gobierno está dotar a Aragón de una norma que dé cobertura a las necesidades de vivienda pública, apuntando que hay 47.000 aragoneses que no se pueden emancipar del domicilio de sus padres. "Esos jóvenes aragoneses van a ver cómo se han asignado ya el primer paquete para más de 180 viviendas en rehabilitación".
La Comunidad Autónoma dispondrá de una ley de vivienda propia "40 años después de que nos fueran transferidas las competencias" y cuyo objetivo es dotar de un marco normativo a las actuaciones en esta materia, como la intervención en el parque público de vivienda y "reimpulsar" el mercado de la vivienda protegida, con 1.802 viviendas lanzadas en 2024, cifra que aumentará en los próximos meses.
Octavio López ha considerado que este es "un buen texto" en el que han participado las direcciones generales de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Vivienda, también la cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza.
La ley pone a disposición los suelos de titularidad pública que no sean para equipamientos; garantiza la promoción de nuevas viviendas mediante la iniciativa pública directa o la colaboración público-privada; asegura el presupuesto para que los compradores no tengan que destinar más del 30% de sus ingresos; atiende a las necesidades de cada municipio; regula las viviendas protegidas impulsando ayudas directas a los promotores; utiliza instrumentos y programas para la adquisición de vivienda ya construida para alimentar el parque de vivienda de Aragón.
También pretende aportar soluciones habitacionales complementarias adaptadas a las actuales necesidades sociales, como vivienda adaptada a trabajadores turísticos o el 'co-living', y regular el uso de las viviendas sociales para la población extremadamente vulnerable.
Ha recordado que la vivienda puede ser libre, protegida, pública y social y ha recalcado que la vivienda pública tiene "la misma calidad" que la libre, con la diferencia de que no puede ser enajenada nunca y se levanta sobre suelos públicos, mientras que la social se orienta a las políticas de bienestar social.
El consejero ha hablado con los portavoces parlamentarios para informarles sobre esta iniciativa legislativa, de forma que "tienen el proyecto de ley antes de que se presente", y les ha indicado su intención de reunirse con ellos en la tercera semana de enero. "No vamos con nada cerrado a cal y canto, se puede hablar de todo", ha subrayado.
Octavio López ha detallado que se han dotado fondos autonómicos para cinco programas de vivienda e igual tienen “que generar un sexto programa", relativo a la conexión de la vivienda con el desarrollo económico y el empleo en las zonas donde se van a implementar los proyectos de interés general (PIGA) planteados al Departamento.
El consejero ha enfatizado que el Programa 700 ha tenido un efecto "tremendo" y ha realzado que un porcentaje muy alto de los municipios que han entrado son muy pequeños, de forma que el objetivo del programa se ha conseguido "al detalle". Sobre los municipios tensionados ha señalado que se encuentran en zonas turísticas, como Sallent de Gállego, Albarracín y Sos del Rey Católico, con un programa específico de vivienda.