El Gobierno de Aragón ha enviado una carta al secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, para exigir que se remita con urgencia toda la información necesaria para organizar una acogida digna y con garantías de los menores migrantes no acompañados. En la misiva, el Ejecutivo autonómico expresa su preocupación ante la falta de datos oficiales, en el marco del protocolo estatal que entrará en vigor a finales de agosto para reubicar a 3.000 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia distintas comunidades autónomas.
Según lo previsto, Aragón deberá acoger a 251 menores, una decisión ante la cual el Gobierno autonómico reitera en el escrito su compromiso con el cumplimiento de la ley, pero exige, a través de la carta enviada este viernes por la tarde al secretario de Estado de Juventud e Infancia, que el Ministerio, dirigido por Sira Rego, remita con urgencia toda la información necesaria para poder planificar una acogida digna y con garantías.
Desde el Gobierno de Aragón aseguran que esa información aún no ha sido facilitada, lo que dificulta la organización del dispositivo de atención a los menores que llegarán a la Comunidad. "No estamos dispuestos a hacinar menores ni a prestar una atención que no cumpla con los estándares de calidad que merecen. La dignidad de los niños y adolescentes debe estar en el centro de cualquier política pública, y no puede verse comprometida por decisiones improvisadas o carentes de respaldo técnico", recoge el texto.
Por todo ello, la Diputación General de Aragón, quien se encarga de la gestión y administración de los servicios públicos en la Comunidad, demanda que en el plazo de una semana se informe "con precisión" sobre las fechas exactas de llegada y el número de menores que se trasladarán a Aragón en cada una de esas fechas, acompañando ese calendario con la identificación de cada menor, así como información sobre su situación administrativa, sus características personales y posibles necesidades específicas, su procedencia e idioma materno.
La misiva, firmada por el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val, alude a los recursos judiciales interpuestos por la Comunidad Autónoma de Aragón ante lo que ha considerado "un reparto injusto y arbitrario, impuesto por el Gobierno de España conforme a criterios políticos que buscan favorecer los intereses de los partidos independentistas que sostienen a Pedro Sánchez en el Gobierno".
La carta concluye con el ruego al Ministerio de Juventud e Infancia para que remita "una planificación detallada que permita organizar adecuadamente los recursos y dispositivos necesarios" y, en caso contrario, solicita que "defina con claridad" si la atención que se espera prestar debe limitarse únicamente a la cobertura de necesidades básicas. "Esperamos que se actúe con coherencia, responsabilidad y respeto hacia las instituciones y, sobre todo, hacia los menores que requieren una atención especializada y digna", ha concluido.