El Gobierno de Aragón ha presentado formalmente alegaciones al trámite de consulta pública previa impulsado por el Ministerio de Hacienda sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas excepcionales de sostenibilidad financiera para las comunidades de régimen común. Para el Ejecutivo autonómico, la propuesta de condonación de la deuda planteada por el Estado es "arbitraria, discriminatoria y no resuelve los problemas estructurales del actual sistema de financiación autonómica".
Desde el Gobierno de Aragón, han defendido que la metodología aplicada por el Ministerio de Hacienda incluye varios tramos de reparto que "no guardan coherencia con la justificación oficial de la medida", que es aliviar el sobreendeudamiento generado entre 2010 y 2013. "Muy al contrario, estos criterios benefician de forma desproporcionada a algunas comunidades y perjudican a otras, como Aragón", han señalado.
"El importe asignado a Aragón, de 2.124 millones de euros, no compensa adecuadamente el endeudamiento asumido por la Comunidad durante los años más duros de la crisis. Si se aplicaran criterios objetivos y coherentes, como el sobreendeudamiento real o la población ajustada, Aragón debería recibir 485 millones más", han considerado desde la Consejería de Hacienda.
Reforma fiscal integral
Además, el Gobierno de Aragón ha subrayado que la condonación planteada no garantiza una solución sostenible ni mejora estructuralmente la salud financiera de las comunidades, sino que será un alivio "meramente temporal" que "no asegura el retorno a los mercados en condiciones estables", como advierten agencias de calificación crediticia como Standard & Poor's.
Como ya afirmó el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, en su comparecencia del pasado miércoles tras el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo aragonés "tiene claro que la verdadera solución pasa por una reforma profunda del Sistema de Financiación Autonómica, que permanece bloqueada desde hace años y en la que el Estado debería aportar más fondos para la sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales".