La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha reclamado este lunes al Gobierno central "menos imposición y más recursos" materiales y económicos para atender con dignidad a las personas migrantes. Así lo ha defendido en la Conferencia Sectorial de Inmigración, en la que Susín ha participado por videoconferencia junto a la directora general de Inclusión Social y Voluntariado, María Charte. Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha anunciado que el nuevo reglamento de Extranjería simplificará procedimientos y eliminará duplicidades.
La consejera ha lamentado que el Gobierno de España no quiera negociar "ninguna propuesta con nadie más allá de sus socios habituales". Además, ha denunciado que el borrador con la propuesta del Ministerio ha sido remitido a las Comunidades Autónomas con muy poco margen para poder estudiarlo, este mismo lunes.
"Se están planteando reformas que afectan a actuaciones que competen a las comunidades, como los informes de arraigo y esfuerzo, los informes de contratación en origen o los de escolarización, y se ha hecho a espaldas de quienes tenemos esas competencias", ha asegurado.
Aragón, junto a otras comunidades autónomas, ha vuelto a exigir que se convoque la Conferencia de Presidentes con el objetivo de "consensuar una política migratoria de estado" que aborde el control de fronteras y que plantee acciones en los países de origen de las personas migrantes y que el Ejecutivo central reclame, además, que se activen mecanismos europeos en materia de inmigración.
Susín ha definido como "nefasta" la gestión migratoria que está llevando a cabo el Gobierno, consecuencia, a su juicio, de una "falta de planificación, transparencia y de información".
Ante este escenario, Aragón ha pedido que se declare el estado de emergencia migratoria. "Se están habilitando recursos de acogida sin coordinarse con los territorios", ha lamentado la consejera, quien ha incidido en que hasta el momento son las entidades del tercer sector las que informan de la apertura de nuevos dispositivos en el territorio, pero el Estado "no informa ni de los inmuebles que tiene, ni de la llegada de nuevos cupos de personas".
"Sin diálogo con las comunidades y sin recursos económicos y materiales no será posible construir una política migratoria sólida", ha expresado Susín, quien ha criticado que este martes en el Congreso vaya a comenzar la tramitación de un texto que se basa "en la imposición y no en el diálogo" y que "desoye lo que la mayoría de las Comunidades" tienen que aportar.
La consejera ha recordado que las políticas de integración de las personas migrantes son competencia de las comunidades autónomas y ha reclamado una mayor financiación para los programas e itinerarios de inclusión social.
En la sesión, las comunidades, incluida Aragón, han puesto de manifiesto que una vez finalizado el programa de acogida humanitaria de refugiados de la guerra de Ucrania son las autonomías las que están atendiendo con fondos propios a estos desplazados, "sin ningún apoyo por parte del Gobierno central".
El orden del día de la reunión ha incluido sendos informes sobre la situación migratoria actual y acerca de la planificación en la gestión y respuesta a la llegada de personas inmigrantes a las costas españolas y también cuestiones relacionadas con la colaboración y cooperación en materia de inclusión de las personas migrantes.
Respecto a la situación de los jóvenes extutelados por el Gobierno de Aragón, Susín se ha referido al programa 17+ para menores migrantes no acompañados que coordina el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y que cuenta en la actualidad con más de un centenar de participantes a los que acompaña en su transición a la vida adulta una vez alcanzan la mayoría de edad y, en ocasiones, hasta los 23 años.
El plan de respuesta del Gobierno de España solo financia el primer año de atención y estancia de los menores migrantes que llegan a Aragón; el resto de ese proceso lo asume el Gobierno autonómico, una cuestión sobre la que Susín ha vuelto a demandar "corresponsabilidad y altura de miras" al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
"En todas estas cuestiones no caben las negociaciones en el último minuto; hay que afrontar la crisis migratoria como un asunto de Estado y no desde la urgencia de un Gobierno abonado al ‘ordeno y mando’ que se niega al diálogo", ha concluido la consejera.
Más flexibilidad y una fórmula "de segunda oportunidad"
El nuevo reglamento de extranjería que plantea el Gobierno flexibilizará los requisitos para que más inmigrantes puedan regularizar su situación en España, con más facilidades en este sentido para las víctimas de explotación laboral y una nueva fórmula de arraigo, denominado "de segunda oportunidad".
"La modificación que está encima de la mesa tiene como vértice fundamental el interés superior de los menores, que están en una situación absolutamente de vulnerabilidad. No caben medias tintas: o se es solidario o no se es", ha señalado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
Uno de los cambios más relevantes que ha detallado la ministra es una mejora en el procedimiento para regularizar a los inmigrantes que han sufrido explotación laboral y mayor protección para que estas personas puedan "cambiar de empresario" en caso de este tipo de abusos o ante la imposibilidad de realizar el trabajo.
También en materia de trabajo se facilitarán los procedimientos y se permitirá compatibilizar el empleo por cuenta propia y ajena y se introducirán mejoras en la regulación de las actividades de temporada, favoreciendo las "contrataciones colectivas".
Nuevos arraigos
El nuevo reglamento crea el denominado "arraigo sociolaboral", por el que podrán regularizar su situación en España quienes lleven dos años en el país y presenten uno o varios contratos de trabajo que sumen al menos 20 horas semanales.
Para "favorecer la disminución del tiempo previo de irregularidad", se rebaja de tres a dos años la permanencia continuada en España exigida, y también se elimina el requisito de tener vínculos familiares en España.
Además, para ayudar a la entrada en el mercado laboral se reduce el número de horas exigidas de 30, en cómputo semanal, a 20. Una vez lograda esa integración laboral y conseguida experiencia, según ha explicado Migraciones, es más sencillo saltar a contratos con jornadas completas.
Para evitar fraudes, se exige que se tenga que mantener al trabajador tres meses de alta en la Seguridad Social en un periodo de seis meses, para poder prorrogar un año más.Para el arraigo social se seguirán exigiendo tres años de permanencia en España, contar con vínculos familiares y medios económicos suficientes.
Y se crea un nuevo "arraigo de segunda oportunidad", similar al actual arraigo laboral, que requiere dos años de estancia previa en España y un periodo mínimo de seis meses de actividad laboral por cuenta ajena.
El proceso de contratación de personas en origen también se simplificará y flexibilizará, de modo que los empresarios tengan más información en todo el procedimiento.
En cuanto a la formación, la ministra ha anunciado que, con esta reforma, las personas que vienen a España a realizar estudios superiores no van a tener que renovar sus permisos cada año, si no que van a disfrutar de una autorización que dure lo que duren sus estudios.
También se facilitará una vía rápida o un 'fast-track' para poder enlazar este permiso con una autorización de trabajo una vez acabados los estudios, de forma que los estudiantes van a poder trabajar desde el primer momento, una vez acabada la formación.
El tercer gran bloque de esta reforma es el que tiene que ver con los lazos familiares y, en este sentido, se flexibilizarán todos los requisitos para acceder a la reagrupación familiar, por ejemplo, facilitando la forma de acreditar que se tienen recursos económicos para acoger al familiar.
Y en cuanto a los familiares de españoles, se modificará el arraigo familiar y se aprobará el estatuto de familiar de español como una categoría propia que tenga en cuenta toda la jurisprudencia del ámbito de la Unión Europea.