El Defensor del Pueblo pide a cárceles como la de Zuera más medidas antisuicidios y más protección
El último informe de Ángel Gabilondo pone el foco en los suicidos entre la población reclusa. Apunta a que entre 2020 y 2022 se contabilizaron siete en la cárcel de Zuera, aunque Instituciones Penitenciarias solo contabiliza uno
El número de suicidios ha descendido por primera vez en España en cinco años, aunque sigue siendo una de las primeras causas de muerte externa. De hecho, 3.952 personas se quitaron la vida en 2023. Estas cifras también pueden extrapolarse a la población reclusa. El Defensor del Pueblo, en su informe de este año, pide a cárceles como la de Zuera que implementen y mejoren las medidas para luchar contra ellos. Desde Instituciones Penitenciarias recuerdan que se aplica el protocolo y que son los primeros interesados en velar por la vida de los internos.
En el último informe del Defensor del Pueblo se alerta de los suicidios ocurridos en los últimos años en la cárcel de Zuera. En concreto, cita que entre septiembre de 2020 y 2022 se registraron siete, aunque desde Instituciones Penitenciarias rebajan esta cifra a uno.
Este año, en junio, un joven se quitó la vida en este centro penitenciario de Zaragoza(se abre en una nueva ventana).
El Defensor del Pueblo recomienda un protocolo de actuación uniforme para todos los centros penitenciarios que dependen de la Administración. Un plan destinado a ofrecer, aunque inicialmente no sea demandada, una asistencia psicológica necesaria a aquellos internos cuyos compañeros de celda han fallecido como consecuencia de suicidio, tengan o no la consideración de internos de apoyo.
En España, desde el 2005 existe un protocolo antisuicidios en el que los reclusos diagnosticados 'en riesgo' comparten celda para evitar la situaciones de aislamiento y se facilitan las llamadas con sus familias.
En muchos de esos casos sobrevuelan problemas de salud mental. Según la Sociedad española de Psiquiatría, el 80% de los presos ha padecido en algún momento un trastorno mental y entre el 4 y el 5% sufre alguna enfermedad mental grave.
David Burgos, abogado experto en derecho penitenciario, ha subrayado que se podrían "elaborar informes o detectar situaciones de influencia para la obtención de beneficios penitenciarios". Y ha apuntado que "sería deseable que existieran psicólogos en la plantilla o de Instituciones Penitenciarias".
En la actualidad, en España solo hay dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, pero están destinados a personas consideradas inimputables por la Justicia.