El Colegio de Trabajadores Sociales defiende la labor los profesionales y reivindica mecanismos de control
Raúl Torres, vocal de comunicación de la formación, ha asegurado, en referencia a la investigación en Ateca, que la noticia ha generado preocupación y consternación
El vocal de comunicación del Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón, Raúl Torres, ha defendido la labor "correcta y silenciosa" de los profesionales en la entrevista que ha concedido en el programa 'Buenos Días' de Aragón Radio. Ha afirmado que la noticia de la investigación en el Centro de Menores de Ateca(se abre en una nueva ventana) ha generado preocupación y consternación, pero mantienen la esperanza de que la autoridad jurídica "aclare qué ha ocurrido y, si hay responsabilidades, que las depure". Su temor se centra en que se proyecte una idea negativa sobre esta profesión.
Torres ha insistido en que situaciones como la de Ateca son extraordinarias. "No son habituales", por eso, ha dicho, es fundamental reivindicar el trabajo que se hace de manera constante. Ha asegurado que el intrusismo tampoco es habitual, aunque ha hecho hincapié en que se trata de una profesión, la de los trabajadores sociales, que está en continua evolución y que eso requiere "delimitar las competencias" de cada perfil vinculado a esta labor. También ha defendido la exigencia de estar colegiado, porque se trata de un mecanismo que ofrece todas las garantías.
Para Torres, la colegiación "debe exigirse en toda persona que trabaje en estos centros", porque no solo se ofrece orientación y formación, sino que cualquier ciudadano que considere que un trabajador no cumple el código puede ser denunciado en el propio colegio, que puede abrir procedimiento sancionador y, si confirma que no ha sido una actuación correcta, puede incluso inhabilitar a la persona.
El vocal de comunicación del Colegio de Trabajadores Sociales ha reiterado que las plazas concertadas a las que se accede desde la administración pública garantizan los mismos derechos. "Se externaliza la gestión, pero la responsabilidad es pública a todos los efectos", ha señalado.
Desde este colegio, también han recordado que existen mecanismos de control cuando se externaliza un recurso público, como en el caso del Centro de Menores de Ateca. Torres ha destacado las condiciones y obligaciones que deben quedar claramente definidas en los pliegos a los que optan las empresas y que recogen los requisitos obligatorios. Una vez que obtiene la concesión, hay que realizar la supervisión e inspecciones. En ambos casos son preventivas.
Por otra parte, señala también la posibilidad de interponer una reclamación en el Gobierno de Aragón, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), y exigir que los profesionales estén colegiados; eso permitiría que si una empresa incluye el nombre de una persona que haya sido inhabilitada, podría quedar descartada.