Agentes de la Guardia Civil y de los Mossos d’Esquadra han desarticulado una organización criminal que operaba principalmente en Tarragona, aunque también actuó desde Zaragoza, y que obtenía dinero mediante la utilización fraudulenta de DNI sustraídos o fotografiados de terceras personas con los que contrataban créditos 'online' y compraban teléfonos móviles de alta gama y otros productos de lujo en internet.
Hasta ahora, se calcula que el total aproximado defraudado por esta organización asciende al millón de euros, con más de 700 víctimas. No se descarta que estas cifras se incrementen, puesto que muchas personas no son todavía conocedoras de que se encuentran en la lista de deudores de Asnef ya que la investigación sigue abierta.
Las primeras indagaciones se iniciaron en 2023, al detectarse un incremento significativo de hurtos y robos de DNI en diversas zonas de veraneo de la Costa Dorada. Los dos cuerpos policiales constituyeron un equipo conjunto de investigación ECI que, en noviembre de 2023, identificó la existencia de una organización criminal con una estructura estable y una distribución de roles y funciones entre sus miembros, con un único objetivo: el de cometer estafas a gran escala.
El modus operandi comenzaba con la compra de los datos identificativos de terceras personas, obtenidos mediante el hurto o robo físico del propio DNI de las víctimas, o través de capturas fotográficas de aquellos hechas por algunos de los miembros de la organización criminal mientras trabajaban en varios centros de ocio de Tarragona y Reus.
Una vez obtenidos los datos, entraban en las páginas web de empresas crediticias y comprobaban, mediante una simulación, si con esos datos podían tener acceso a un crédito. En caso afirmativo, y para formalizar el crédito, la empresa crediticia les pedía otros datos como el puesto de trabajo, la nómina o la antigüedad. Esta tarea era efectuada por otros miembros de la organización, obteniéndose mediante la introducción de los datos personales en la web de la Seguridad Social.
Con toda esta información necesitaban realizar un último paso: la falsificación de la nómina y la de un certificado bancario que acreditara la domiciliación de un recibo de agua, luz o de cualquier otro suministro o servicio. Una vez llegado hasta aquí, la organización criminal, mediante cuentas bancarias falsas, solicitaban créditos de entre 3.000 y 5.000 euros y compraban por internet teléfonos de alta gama y otros productos tecnológicos de lujo. En algunas de estas páginas web donde adquirían los terminales podían contratar tarjetas de crédito, lo que aprovechaban para solicitarlas y usarlas posteriormente en casinos, cajeros y otros servicios.
Los productos de lujo comprados eran enviados a determinados lugares y recogidos en todo el territorio nacional por otros miembros de la organización. En el caso de los teléfonos móviles eran vendidos posteriormente en tiendas de Reus y Tarragona con la connivencia de sus propietarios que obtenían así dinero en metálico.
En el transcurso de la investigación se detectó que, en algunos casos, a fin de obtener una financiación rápida de terminales de alta gama, la organización tenía un colaborador que trabajaba para una importante empresa de telefonía, y que se encargaba de que la documentación aportada por la organización criminal fuera aprobada y tramitada con más celeridad.
Durante 2023, la organización empezó a tener problemas para obtener financiación en algunas empresas en Cataluña. Esto obligó a los autores a desplazarse a otros puntos, como Valencia y Zaragoza, para seguir desarrollando la misma actividad delictiva.
En noviembre los agentes de ambos cuerpos policiales detuvieron a 19 personas como presuntas autoras de varios delitos de estafa y falsedad documental, Además, se efectuaron un total de siete entradas, seis en domicilios y uno en una empresa. Se resolvieron así 121 ilícitos penales.