Cinco 'exconsellers' de Cultura presentan una querella contra el traslado de los murales de Sijena
El 'exconseller' Lluís Puig ha expresado que el traslado de las pinturas es un "desbarajuste judicial" fruto de presiones políticas "desmedidas y desenfrenadas", mientras que Olloqui considera la querella "una cuestión política e intimidatoria"
Cinco 'exconsellers' de Cultura de la Generalitat han presentado este martes una querella contra el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y la juez que lleva el traslado de las pinturas murales de Sijena al Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca), ubicadas actualmente en el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC).
Los consellers son Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borràs y Àngels Ponsa, y dicen presentar esta demanda "al amparo de la legislación española y de la del Parlament de Catalunya, que nos obligaba cuando éramos 'consellers', y ahora nos sentimos obligados como ciudadanos que debemos ejercer nuestras responsabilidades a preservar el patrimonio", ha dicho Puig en una entrevista en TV3.
Puig ha expresado que el traslado de las pinturas murales es un "desbarajuste judicial" fruto de presiones políticas "desmedidas y desenfrenadas" y ha acusado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de no hacer caso a varios informes internacionales en contra del traslado, así como de no encargar otro informe para que el Instituto del Patrimonio Nacional Español se pronuncie como lo hizo contra el movimiento de la dama de Elche y el Guernica de Picasso. "Ahí no han querido intervenir. Aquí hay desidia", ha dicho Puig.
El escrito, que ha sido presentado ante la Sala Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, esgrime que la ejecución de la sentencia, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Huesca número 2, comporta "ineludiblemente" la consumación de un delito contra el patrimonio histórico recogido en el Código Penal.
Por su parte, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha dicho que se trata de "un atentado contra los derechos culturales de los aragoneses". Olloqui asegura, además, que la viabilidad del traslado de las pinturas está avalada por la sentencia del Tribunal Supremo y reconocida por los técnicos del Museo Nacional de Arte de Cataluña.