Aragón recurrirá ante el Supremo el decreto que permite placas fotovoltaicas en embalses
El Consejo de Gobierno ha aprobado interponer el recuso porque considera que la disposición omite el trámite de consulta previa y vulnera los principios de buena regulación
El Gobierno de Aragón ha acordado este martes interponer un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto por el que se establece el régimen al que ha de estar sometida la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en los embalses. Así lo ha acordado el Consejo de Gobierno, que considera que la disposición aprobada en el Consejo de Ministros omite el trámite de consulta previa y vulnera los principios de buena regulación.
La impugnación se basa en que el real decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania modificó el texto refundido de la Ley de Aguas, introduciendo en su articulado un nuevo artículo 77 bis con el objeto de establecer las bases del régimen jurídico de la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes en embalses, que hasta entonces carecían de regulación.
El 1 de agosto de 2024 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el real decreto por el que se pretende desarrollar ese artículo, añadiendo una nueva sección en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, denominada ‘Especialidades en la tramitación de concesiones sobre instalaciones solares fotovoltaicas flotantes’.
El Gobierno de Aragón considera que se ha omitido el trámite de consulta previa y se han vulnerado los principios de buena regulación. A juicio de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, se han vulnerado los principios de necesidad y seguridad jurídica, por cuanto el real decreto, al desarrollar el artículo 77 bis del texto refundido de la Ley de Aguas, es insuficiente; y también de transparencia, dado que solo se han publicado en el Portal de Transparencia el proyecto, la Memoria de Análisis de Impacto Normativo y el dictamen del Consejo de Estado, por lo que "aparentemente se ha omitido la publicación del resto de informes y dictámenes preceptivos".
También considera que se infringe el artículo 18 de la Ley de evaluación ambiental, dado que el real decreto otorga la iniciativa para solicitarla al órgano sustantivo y no al promotor, y que afecta a las competencias concurrentes autonómicas. Entre otras, la exclusiva en materia de ordenación del territorio, normas adicionales sobre protección del medio ambiente y turismo y la participación y colaboración en los órganos de gestión estatal de los recursos hídricos y de los aprovechamientos hidráulicos que pertenecen a cuencas hidrográficas intercomunitarias que afecten a Aragón.
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ya anunció en julio la intención del Ejecutivo aragonés de crear una normativa que restrinja la instalación de placas fotovoltaicas en los embalses aragoneses, una restricción que formará parte del próximo Plan Energético de Aragón. El Gobierno de Aragón considera la instalación de placas fotovoltaicas sobre las aguas una medida con un impacto medioambiental negativo y nociva para el desarrollo económico, turístico y cultural de la Comunidad, además de generar un importante perjuicio a los regantes.
La aprobación el pasado 9 de julio por el Consejo de Ministros del Real Decreto que regula la instalación de placas flotantes en embalses afectaría a 14 pantanos aragoneses: Moneva, El Val, Cueva Foradada, Lechago, Gallipuén, Tranquera, Sotonera, El Grado, Montearagón, Ardisa, La Estanca, San Salvador, Búbal y Lanuza.
El Gobierno de Aragón entiende que la Comunidad tiene suficiente territorio —casi el 10 % del total de España— como para tener que instalar paneles en estos embalses que, además de acoger numerosas actividades turísticas, deportivas y económicas, juegan un papel fundamental para los regantes, quienes deben tener garantizado que el 100 % del agua almacenada es para uso prioritario de riego, algo que no queda garantizado si se permite que estas instalaciones ocupen hasta un 15 % de la lámina de agua.
El pleno de las Cortes de Aragón aprobó el pasado 28 de junio el dictamen de la Comisión de Investigación sobre la implantación de las energías renovables en Aragón en el que se incorporó, como recomendación, instar a que el Gobierno de Aragón a no autorizar la instalación de plantas fotovoltaicas en los embalses hasta que se haya elaborado el Plan Energético Aragonés 2021-2030 y la Ordenación Territorial de Energías Renovables y a que en ellos no se autoricen.