El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha reclamado en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Pública, celebrada este miércoles, que el Estatuto Marco del personal sanitario sea "técnicamente factible y con solvencia jurídica por alguna vía de financiación".
"No podemos ser cómplices de una ley en la cual se crean expectativas a los profesionales, como se creó con la ley ELA. No vamos a ser cómplices de este engaño a nuestros profesionales aragoneses", ha subrayado.
De momento, el Ministerio de Sanidad cede ante la disconformidad de las comunidades autónomas y emplaza la negociación de un nuevo Estatuto Marco para los días 9 y 10 de septiembre.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado también que convocará el Foro Marco del Diálogo Social, integrado por el Ministerio, las organizaciones sindicales y las comunidades autónomas y de ahí pasará lo acordado al Consejo de Ministros, al tratarse de un anteproyecto de ley.
Será entonces cuando se acompañe de una memoria de impacto económico, pero no puede ser ahora, como han reclamado los consejeros del PP, que han arremetido contra la falta de financiación de las medidas. "Obviamente, hasta que no terminemos el texto definitivo, dialogado y consensuado con las comunidades, no podremos tener realmente el impacto presupuestario real", ha aclarado.
Protesta ante el Ministerio: “no es vocación, es explotación”
Un centenar de médicos se ha concentrado ante el Ministerio de Sanidad , donde la ministra de Sanidad, Mónica García, mantenía una reunión con las comunidades autónomas en el pleno extraordinario de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) para informar sobre los avances de la reforma de la ley que regula las condiciones laborales del personal sanitario y no sanitario del SNS, que no se actualiza desde 2003.
La Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), que engloba a una quincena de organizaciones médicas y sindicales, ha vuelto a reclamar frente a la sede ministerial guardias cotizadas, reducción de jornada y una clasificación profesional “justa”, que pasa por tener un estatuto propio de la profesión médica y facultativa.
Entre batas blancas y voces de “no es vocación, es explotación”, los médicos concentrados han insistido en que no van a renunciar a la mejora de sus condiciones laborales y que la mejor manera de garantizar sus derechos es tener un estatuto médico propio y una mesa de negociación específica.
“Somos el único colectivo profesional del Sistema Nacional de Salud que no trabaja las 35 horas. Nos obligan a hacer guardias que no computan como tiempo trabajado, no cotizas a la Seguridad Social, tributas un 35 % y se pagan a menos de la mitad de la hora ordinaria”, ha afirmado Catalina Fernández, médica internista de la Asociación de Médicos Unidos por sus derechos (MUD).