El Gobierno de Aragón pide al Gobierno central que cumpla con sus competencias en inmigración

El Gobierno de Aragón recuerda que, en ejercicio de sus competencias en atención a la infancia vulnerable, ha atendido en todo 2024 a 1.804 niños, adolescentes y jóvenes españoles, extranjeros y extranjeros no acompañados. Señala además, que en Aragón "no hay actualmente ningún niño menor de seis años en un centro residencial y Aragón es una referencia en este aspecto", remitiéndose al último informe de Nuevo Futuro en colaboración con el Ministerio de Juventud e Infancia publicado esta misma semana. 

Desde el Departamento de Bienestar Social y Familia, recuerdan que Aragón ya está atendiendo desde finales de 2023 a todos los menores de edad que llegan a la Comunidad a través del programa de protección internacional que depende del Gobierno de España, y que llegan "camuflados" entre los adultos. De todos ellos, aseguran, "se está haciendo cargo la DGA, con sus propios recursos y en cumplimiento de lo que establece el marco competencial".

En ese sentido, el Gobierno de Aragón deplora las recientes referencias a la atención que se les está prestando en Aragón a los menores vulnerables, "sea cual sea su circunstancia o procedencia", con términos como “crueldad” o “insumisión” que han realizado en la última semana representantes del Gobierno de España. Aseguran que es el Gobierno de España "quien tiene todavía que responder al Tribunal Supremo sobre qué va a hacer para atender a más de un millar de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que están a cargo de los servicios de protección de menores de Canarias".

En todo lo relativo al Real Decreto Ley del 18 de marzo sobre el reparto de menores que permanecen Canarias y Ceuta, el Gobierno de Aragón recuerda que "cumple la ley y acata las decisiones de los tribunales," y que la Comunidad ha considerado "desde un primer momento" que ese Decreto Ley "para imponer a las CC. AA." el reparto de estos menores  por la emergencia migratoria es "inconstitucional" y denuncian que, además, "conculca todos los consensos que hasta ahora regían en lo relacionado con la atención a estos jóvenes, que se acordaban en las conferencias sectoriales". Por todo ello, creen que "se han quebrado los principios de igualdad y solidaridad entre Comunidades Autónomas" en favor, dicen, "de intereses que nada tienen que ver con la atención a estos menores vulnerables".

Desde el ejecutivo aragonés denuncian que el Gobierno de España "ha pretendido imponer una regulación pactada con un partido político y lo ha hecho conforme a razones muy alejadas del interés superior del menor que debe presidir esta normativa", y que ésta se ha redactado "a espaldas del resto de CC. AA.".

Cuestión de competencias

El Gobierno de Aragón apremia al Gobierno de España a que se ocupe del ejercicio de las competencias que le corresponden, como dar una respuesta a las más de 40 personas que están atendiendo los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. Denuncian que "pese a tener reconocida la protección internacional del Gobierno de España, han sido expulsados y se han visto expuestos a vivir en la calle cuando cumplen tres meses en el programa o incluso cuando se les detectan problemas de salud mental".

También plantean al Ejecutivo central que audite cómo se está atendiendo a las madres con hijos menores de edad que están en cualquiera de los programas de atención humanitaria y del sistema de acogida de protección internacional que, señalan, "son responsabilidad del Ejecutivo central", en varios puntos de la Comunidad.

También explican desde Gobierno de Aragón que, entre las competencias del Gobierno de España se encuentra asimismo dotar de personal suficiente a las oficinas de la Seguridad Social,  y denuncian que en Zaragoza "están faltas de profesionales, para tramitar gestiones como el IMV –la Comunidad Autónoma debe complementarlo porque se ha demostrado insuficiente para las familias y también ha retomado la actualización de las prestaciones de las pensiones no contributivas que se había abandonado– y los permisos de trabajo.

Queda pendiente también, a juicio del Gobierno de Aragón, que los Ministerios competentes clarifiquen "qué va a suceder con todas las familias de origen migrante, trabajadoras, que debido a la reciente reforma del Reglamento de Extranjería están en riesgo de quedarse sin papeles, sin sustento ni modo de obtenerlo".