El Ejecutivo aragonés ha decidido en Consejo de Gobierno no aplicar las Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT) en Aragón (zonas declaradas donde el importe del alquiler supera el 30 % de los ingresos medios de los hogares). Esto significa que la Comunidad no contempla poner tope a los precios del alquiler, entre otras medidas, teniendo en cuenta esta consideración.
El consejero de Vivienda, Octavio López, ha comunicado este martes en rueda de prensa que la decisión se ha tomado debido a "los informes y datos prácticos que demuestran los efectos perjudiciales que el control de precios de alquiler ha generado en los territorios donde se aplica”. Además, ha recordado que la adopción de esta medida, que se contempla sobre todo en grandes ciudades, es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma(se abre en una nueva ventana), ratificado por el Tribunal Constitucional.
Para evaluar si adoptar las ZMRT o no, el Gobierno de Aragón ha tomado como referencia el caso de Cataluña, territorio donde el control de rentas se aplica desde marzo de 2024. Según un informe elaborado por los expertos Sergio Nasarre y Santiago Ariste para la Universitat Rovira i Virgili, la aplicación de zonas tensionadas en Cataluña ha reducido drásticamente la oferta sin bajar los precios por metro cuadrado. Además, parte de la oferta se ha desplazado hacia alquiler de temporada, turístico, por habitaciones, o directamente hacia el mercado de compraventa.
Otros efectos "contraproducentes", según el informe, son la pérdida de calidad y superficie de las viviendas disponibles, así como el denominado "efecto frontera", que se da cuando se encarecen artificialmente los precios en los municipios limítrofes no restringidos.
López ha señalado que la alternativa aragonesa al problema del alquiler "no pasa por la regulación de precios privados, sino por el aumento de la oferta de promoción pública". El consejero se ha reafirmado en que "en Aragón no se tramitarán procedimientos para la declaración de ZMRT hasta que no se disponga de informes científicos que contradigan los efectos negativos derivados de estas regulaciones".
El Ejecutivo autonómico planea seguir impulsando la oferta de vivienda pública o implementar algún régimen de protección para moderar los precios y garantizar el derecho a una vivienda digna, aunque López ha reconocido que serán necesarios entre ocho y 10 años a este ritmo para dar solución al problema.
En esta línea, López ha señalado la construcción de unas 7.000 viviendas durante la legislatura y el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030, que ya está impulsando 488 viviendas de alquiler asequible destinadas a trabajadores de los 43 municipios con más actividad turística.