Aragón destinará más de 56 millones de euros a la educación concertada hasta 2031

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles los conciertos educativos que estarán vigentes desde el curso 2026/27 hasta el 2030/31. Esta medida aprobada por el Gobierno de Aragón destinará más de 56,7 millones de euros a los centros privados que cuentan con la concertación.

Incluyen las enseñanzas obligatorias y también el nuevo concierto de Bachillerato. Llegará, de momento, en septiembre a primero de Bachillerato en los centros que lo hayan solicitado. Mar Vaquero ha afirmado que el proceso continúa porque el Tribunal Superior de Justicia de Aragón no se ha pronunciado sobre las cautelares que pidieron varias organizacoines para paralizar los conciertos, después de que su recurso fuera admitido a trámite.

El gasto total se destinará a financiar tanto a los centros que ya estaban concertados durante el curso 2025/26 y que han solicitado la renovación o modificación de sus unidades, como a aquellos nuevos centros que cumplan los requisitos legales y que hayan pedido por primera vez incorporarse al régimen de concierto.

Entre los requisitos que deben cumplir los centros concertados incluye algunos de carácter social y pedagógico, como el principio de coeducación, que impide suscribir conciertos con aquellos centros que separen al alumnado por razón de género. Además, tienen la obligación de garantizar una respuesta educativa adecuada al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, favoreciendo una escolarización equilibrada y de proximidad.

El sistema diferencia entre el concierto general, destinado a las enseñanzas obligatorias y gratuitas, y el concierto singular, aplicado a enseñanzas postobligatorias. En este último caso, que afecta al Bachillerato, se incorpora un copago por parte de las familias de entre 18 y 36 euros mensuales, tal y como establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Con esta decisión, se mantendrá la financiación de estos centros durante los próximos cinco años. La autorización ha sido impulsada por el Departamento de Educación, Ciencia y Universidad. Según han señalado, da continuidad al modelo de conciertos educativos y reafirma la apuesta del Ejecutivo autonómico en esta materia.

Aprobado el proyecto de Ley de Vivienda en Aragón

El Consejo de Gobierno ha aprobado también el texto del proyecto de Ley de Vivienda de Aragón, que podría iniciar su tramitación parlamentaria con el objetivo de ser validado por la cámara autonómica antes de que concluya el año 2026. De esta manera, Aragón tendrán una ley más de 40 años después de que las competencias en materia de vivienda fueran transferidas a la comunidad autónoma.

El proyecto se sintetiza en un decálogo de actuaciones principales destinadas a ampliar el parque público de vivienda y facilitar el derecho de acceso a los ciudadanos, especialmente los jóvenes. Según se concreta, se pondrán a disposición de la promoción de viviendas suelos de titularidad pública que no se vayan a destinar a equipamientos y que se desarrollarán al amparo de la Directriz Especial de Viviendas Dotacionales Públicas.

El Gobierno asegurará la disponibilidad de recursos para nuevas viviendas mediante iniciativa pública directa o en colaboración público-privada. Se garantizarán fondos para ayudar a los demandantes de vivienda pública, buscando que no tengan que destinar a ella más del 30 % de sus ingresos.

Se aplicarán además soluciones territoriales diferenciadas adaptadas a las necesidades de cada municipio, distinguiendo entre capitales de provincia, localidades de más de 3.000 habitantes o núcleos más reducidos. También se regulará la vivienda protegida en base a los criterios sociales y se actualizará el módulo para que su construcción sea viable.

El objetivo es la adquisición de vivienda construida mediante programas específicos para comprar inmuebles ya edificados que contribuyan a incrementar el parque público y se aportarán soluciones habitacionales adaptadas a las demandas actuales, como alojamientos para trabajadores de sectores estratégicos como el turismo.

Del mismo modo, se establecerán las condiciones de uso de las viviendas sociales para destinarlas a la población extremadamente vulnerable; se fomentarán acuerdos con el resto de administraciones públicas para intervenir en un mercado inmobiliario constreñido por los altos precios y la escasez de oferta y se posibilitará temporalmente la construcción de vivienda protegida en suelos inicialmente definidos para uso terciario.